La familia de Zyanya fue repelida de manera violenta por personal de la Fiscalía de Puebla, cuando intentaba ingresar a las instalaciones de la dependencia para exigir que se investigue como un feminicidio y no suicidio, la muerte de la joven que estudiaba su especialidad en Pediatría y que fue encontrada sin vida hace tres años en una vivienda del municipio de San Andrés Cholula.
Al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades a respetar al derecho a la manifestación pacífica; en tanto, la Fiscalía General del Estado aseguró que respeta la libre expresión y que investigará y castigará a los responsables de dicha agresión.
ROCIAN GAS A MANIFESTANTES
Fue a empujones y rociados con gas pimienta, como el personal de la Fiscalía de Puebla desalojó la tarde de este viernes a los familiares de Zyanya, quienes llegaron a manifestarse acompañados de sus abogados y activistas feministas.
Entre las personas agredidas estaba la señora de la tercera edad, Irinea Buendía, madre de Mariana, quien tras su asesinato sentó bases para que a nivel nacional se estableciera el protocolo para investigar las muertes violentas de mujeres en razón de género.
También fueron sacados a empujones el padre y hermano de Zyanya, ambos de nombre Martín, la madre María Patricia, entre otras activistas feministas que trataban de impedir la agresión del personal de vigilancia de la Fiscalía.
“Así nos tratan a las víctimas en la Fiscalía de Puebla”, corearon después del zafarrancho los familiares, activistas y abogados que se encadenaron en el enrejado de la dependencia de manera indefinida, solicitando ser atendidos por el fiscal general Gilberto Higuera Bernal.
Entre los agraviados, alrededor de unas 30 personas, la mayoría mujeres, tuvieron que comprar refresco para lavarse el rostro, después de quedar afectados por el gas pimienta que les rociaron los hombres que resguardaban la entrada principal de la Fiscalía, en Bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente de la colonia Ladrillera de Benítez.
Así se mantuvieron hasta cerca de la medianoche cuando finalmente llegaron a un entendido con la FGE.
PRONUNCIAMIENTO DE LA ONU-DH
Al filo de las 22 horas y a través de su cuenta oficial de Twitter, la ONU-DH hizo un llamado a las autoridades de Puebla a respetar la libre manifestación.
En cuatro mensajes en apoyo a los agredidos y exhortando a las autoridades a que se conduzcan conforme a la Ley (SIC), se pronunció así:
“(1/4) Ante los hechos ocurridos el día de hoy en las instalaciones de @FiscaliaPuebla, @ONUMujeresMX y @ONUDHmexico llamamos a las autoridades al respeto al derecho a la manifestación pacífica, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos”.
“(2/4) Recordamos además que existe un importante marco normativo nacional que establece que las fuerzas de seguridad deberán actuar conforme a estándares internacionales de #DDHH y de manera sensible al género, incluyendo en el contexto de manifestaciones”.
“(3/4) Es necesario que todas las autoridades garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que se garantice la adecuada atención a las víctimas, lo que implica atender las condiciones sociales que repiten los ciclos de violencia que enfrentan las mujeres”.
Y “(4/4) @ONUMujeresMX y @ONUDHmexico reconocen la labor que las víctimas y las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que las acompañan realizan para garantizar el acceso a la justicia de las sobrevivientes y para poner un alto a la violencia de género”.
INVESTIGARÁ FGE ACTUAR DE PERSONAL
Una hora después la Fiscalía General también emitió su postura oficial y en su cuenta oficial de Twitter posteó el siguiente comunicado de prensa (SIC):
“La Fiscalía General del Estado de Puebla dio vista a la Visitaduría General y a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos para investigar el proceder del personal de la Institución ante manifestación; no se tolerarán excesos ni conductas ilícitas. La Fiscalía ha respetado y respeta la libertad de expresión y no instruyó el uso de material alguno”.
SUICIDIO O FEMINICIDIO
Zyanya llegó a esta ciudad procedente de México en el año 2017, para estudiar su especialidad en Pediatría haciendo prácticas dentro del Hospital del Niño Poblano, por eso rentó una vivienda cercana al nosocomio, específicamente en el Fraccionamiento Real de Zavaleta, donde a los pocos meses otra amiga de trabajo le rogó para que compartieran el domicilio y ella de buena caridad aceptó.
Esa mujer de quien al momento han reservado su identidad, fue quien el pasado 15 de mayo de 2018 reportó el hallazgo del cuerpo atado del cuello con un lazo de Zyanya.
Agregó que “la manifestación se refiere a una investigación de feminicidio en la que una autoridad judicial ordenó la entrega de un inmueble a sus propietarios; se acordó con estos esperar un tiempo mayor”.
Al llegar peritos y agentes ministeriales agregaron que se encontró un recado póstumo y más adelante el resultado de la autopsia asentó como causa de muerte el suicidio.
No obstante los familiares a lo largo de estos 3 años aseguran que fue un feminicidio y piden que se siga investigando.
Incluso ayer por la mañana, cuando por orden judicial ya se iba a entregar la casa a los dueños, llegó el mismo grupo de familiares y conocidos que más tarde fueron agredidos en la Fiscalía, para impedirlo, aunque no se presentó ninguna autoridad.
El motivo, dijeron los familiares de Zyanya, era que aún puede haber evidencias adentro y servirían para seguir indagando lo que ellos creen se trató de un feminicidio.
También aseguró la familia de la víctima que cuentan con un amparo que ganaron hace 2 semanas donde un juez federal ordena al juez penal del proceso para que vuelvan a analizar el caso y se determine si en realidad fue un suicidio o realmente debe investigarse un feminicidio.
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