Tres personas acusadas del secuestro de dos comerciantes de San Martín Texmelucan hace tres años, han sido sentenciados a medio siglo de prisión.
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que se trata de Jessyca Alicia N. de 38 años, Arsenio N. de 31 años y Juan N. de 26 años. Una de las víctimas fue hallada sin vida, y otra se localizó herida pero logró sobrevivir.
La dependencia recordó que el 15 de noviembre de 2017 dos ciudadanos fueron privados de la libertad en el municipio de San Martín Texmelucan cuando circulaban a bordo de una camioneta Dodge Durango con placas de circulación de Tlaxcala.
Los plagiarios se comunicaron con la esposa de una de las víctimas para exigir 2 millones de pesos como rescate, iniciando un proceso de negociación con el que se acordó el pago de 115 mil pesos y la entrega de una camioneta GMC tipo Sierra, un Honda Accord EXR y una Suburban 4x4.
Con la denuncia presentada, la Fiscalía de Puebla inició labores de rastreo y análisis de información a efecto de dar con el paradero de las víctimas y ubicar a los responsables.
El 18 de noviembre de 2016 resultado de un operativo a cargo de elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión se logró la captura de Jessyca Alicia N., Arsenio N. y Juan N. en inmediaciones de San Francisco Ocotlán, Coronango.
Respecto a las víctimas, una fue abandonada con heridas de gravedad en un paraje del municipio de Amozoc de Mota, mientras que la segunda lamentablemente se halló sin vida en San Miguel Xoxtla, Puebla.
Luego de la correspondiente puesta a disposición de las tres personas detenidas, la Fiscalía de Puebla llevó a cabo numerosas diligencias respecto a los hechos delictivos.
Durante el desahogo de la audiencia intermedia, el Agente del Ministerio Público presentó diversos datos probatorios logrando que el 1 de diciembre de 2020 el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento emitiera fallo condenatorio contra los coautores materiales del delito de secuestro agravado.
A Juan N., Jessyca Alicia N. y Arsenio N. se les impuso una pena de 50 años de prisión a cada uno, así como el pago de multa y reparación del daño para las víctimas directas e indirectas.