A pesar de las 36 sentencias condenatorias que actualmente existen en contra de los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, y de los ordenamientos judiciales de reparación de daño a un porcentaje de los miles de defraudados por Grupo SITMA e Invergroup, a la fecha, ninguna de las víctimas ha podido recuperar parte del dinero que invirtieron en dichas financieras desde hace más de 13 años; incluso, alrededor de 62 agraviados de un grupo conocido como “Zona Dorada”, murieron sin recuperar su patrimonio.
Si bien es cierto que en enero de 2019, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) decomisó al menos 64 bienes inmuebles a los imputados en favor de la reparación del daño de las víctimas, hasta hoy, las víctimas no cuentan con un avalúo del costo o valor total de los inmuebles incautados por la FGE, y mucho menos una idea de cuánto es lo que les podría tocar a cada uno de ellos.
José Luis Pérez Bello, representante de los afectados del grupo “Zona Dorada”, dijo en entrevista para El Sol de Puebla, que casi todas las víctimas ya son personas adultas, de la tercera edad, jubilados que invirtieron sus ahorros para hacerlos crecer y obtener ganancias que mejorarían su situación económica y la de sus sucesores.
Pero jamás creyeron que serían defraudados por las citadas financieras que se publicitaban en diversos espacios y tuvieron alcances, incluso, en otros estados de la República.
Las víctimas son personas de la tercera edad
“Todos los defraudados ya somos mayores de edad, nunca van a encontrar a un chico de menos de 35 años, aquí ya todos son abuelos; desgraciadamente muchos se nos han muerto, por ejemplo, en mi grupo ya llevamos más de 62 muertos, ellos esperaban ver su dinero”, compartió Pérez Bello.
El entrevistado explicó que inicialmente, en Puebla, había nueve grupos para representar a los afectados y después se redujeron.
Responsabilizó de una parte del megafraude a los gobiernos municipales y estatales de aquella época, por dejar que SITMA e Invergroup crecieran y siguieran recibiendo dinero de los defraudados.
“Aquí el gobierno municipal y estatal de ese entonces tuvieron mucha culpa, porque dejaron crecer a esas empresas; incluso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mandó el oficio en el que estaba prohibido que siguieran recibiendo dinero; eso fue desde antes del 2009 y estos señores siguieron recibiendo dinero de todos los afectados a toda costa y por eso se creó la empresa de Edmundo Tiro Moranchel que se llama Invergroup”, acusó.
Pérez Bello comentó que la idea o estrategia que Leonardo y Edmundo (este último con 11 sentencias, según el declarante), tenían para no indemnizar a sus víctimas, era la de pagar con cárcel.
Añadió que hay más de 52 procesos penales, sin embargo, aseveró que un gran problema de la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado, fue hacer una copia fiel en todas las denuncias, es decir, que usaron un formato igual para generar todas las quejas e incluso no dejaron revisar las carpetas de investigación, por lo que muchos procesos caminaron de esa forma hasta llegar a los nueve juzgados penales, sin embargo, los casos se redujeron a cinco juzgados que no individualizaron los casos.
No se detuvo a más familiares
A la vez, reclamó el hecho de que las autoridades ministeriales, en su momento, no hayan ejecutado las órdenes de aprehensión en contra de la hermana y la mamá de los Tiro Moranchel.
“No es posible que las órdenes de aprehensión de la mamá, de la señora Olimpia Narváez, no se hayan cumplido ni la de la hermana, Iris Tiro Moranchel porque bailó el dinero; eso es lo que le reprochamos a la FGE, porque cuando se trata de un político, los detienen en menos de 24 horas y nosotros estamos hablando de un proceso que lleva 13 años con seis meses; varios compañeros se murieron y sin ver su dinero”, destacó el entrevistado.
No obstante, el declarante solicitó que a todas las personas que tengan a algún familiar que ya falleció y que está pendiente su pago, que no pierdan la esperanza, busquen a cualquier representante de afectados para que sigan peleando por ese patrimonio, ya que en cada contrato de las mencionadas financieras está estipulado un beneficiario.
Acusó que Leonardo y Edmundo han solicitado la conmutación de la pena e incluso pidieron el perdón bajo promesa de reparar el daño una vez que salieran de la cárcel, por lo que algunos afectados presionados por sus mismos abogados, terminaron por conceder el perdón y ahora ya no obran dentro de las carpetas de investigación.
Incluso aseveró que hay abusos por parte de algunos litigantes que se quedaron con los documentos originales de los afectados y se han negado a devolverlos, por lo que temen que hagan mal uso de ellos; en tanto, otros más han solicitado el 30 por ciento de lo que sus clientes obtengan sobre la reaparición del daño.
Aunque se ha ordenado algunas reparaciones del daño, estas no se han podido cumplir, pues deberán esperar a que haya resolución en todos los casos de Puebla y una vez que sea así, la FGE procederá a la venta de los inmuebles asegurados y poder repartir equitativamente el dinero, pese a que hay quienes invirtieron de 500 mil hasta 5 millones de pesos.
Ante esta situación, el entrevistado adelantó que será el próximo viernes cuando entreguen una petición o escrito al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con la solicitud de que se cree un fideicomiso mediante el cual se pueda pagar a los agraviados, quedando como garantía, los bienes que han sido decomisados a los hermanos Tiro Moranchel y que cuando sean vendidos, el gobierno recupere el dinero para repartirlo entre los afectados.
Además de que llamó a que quienes no han recibido notificación alguna, acudan ante el juzgado correspondiente. De esta forma es como seguirán esperando y haciendo todo lo posible para recuperar lo que invirtieron.
Desde 2018 ya eran investigados
Sobre el caso, fue el 15 de septiembre de 2008, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una investigación en contra de Leonardo Tiro Moranchel y el resto de su familia, ya que detectó publicidad de Grupo SITMA en un medio de circulación nacional sin que cumpliera con los requerimientos como ente financiero.
No fue sino hasta el 5 de junio de 2009, cuando se ordenó a la empresa, que nació en Atlixco, que suspendiera la promoción de sus servicios y concluyera en un plazo de 60 días los contratos iniciados con sus clientes.
Los inversionistas comenzaron a sospechar de un posible fraude de SITMA, la cual ofrecía sustanciosas ganancias; más tarde, la misma CNBV alertó sobre que dicha inmobiliaria no contaba con el permiso correspondiente para operar.
Poco después, los dueños de SITMA, los hermanos Leonardo y Tiro Moranchel, desaparecieron y se confirmó, además, el megafraude cometido en agravio de más de 8 mil víctimas.
Luego de que se hiciera público, en noviembre de 2009, Edmundo Tiro Moranchel fue ubicado y detenido en un departamento de lujo de Mérida, Yucatán.
Meses después, el 19 de mayo de 2010, las autoridades localizaron y aprehendieron a Leonardo Tiro Moranchel, en Acapulco, Guerrero, para luego ser trasladados al penal de San Miguel.
Los dos hermanos fueron llevados al Cereso de Tepexi de Rodríguez, pero tiempo después regresaron al penal de San Miguel.
Una vez que iniciaron las investigaciones y el proceso jurídico avanzó, en enero de 2013, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla dictó 10 años de prisión a Leonardo Tiro Moranchel, sin posibilidad de conmutar la pena por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito en su modalidad de captación de recursos públicos sin el permiso de la CNBV.
Después, en junio de 2015, el juez Quinto de lo Penal en Puebla sentenció a 10 años de cárcel a Leonardo, ahora por fraude cometido en contra de 158 personas radicados en los procesos penales 33/09 y 364/09, quedando aún cientos de procesos abiertos por la defraudación de miles de personas.
Otra sentencia para Leonardo llegó en abril de 2017, en esa ocasión se sumaron 15 años 9 meses y 7 días de prisión no solo contra él, sino también para su hermano Edmundo y cinco directivos más de la Inmobiliaria SITMA; lo anterior por su presunta responsabilidad en el delito de fraude e incluso se les ordenó el pago de 582 mil 80 pesos, como reparación del daño.
Ese mismo año, Leonardo mandó cartas personalizadas desde el penal del San Miguel a decenas de defraudados de la “Zona de Dorada” para pedir una conciliación.
Dos años después, es decir en 2019, Leonardo nuevamente fue sentenciado, pero a 13 años y 4 meses de prisión, también por el fraude cometido en agravio de decenas de ahorradores del Grupo Financiero SITMA entre 2009 y 2010; también se ordenó el pago de una multa de 69 mil 249 pesos, así como la reparación del daño a 48 de las más de 8 mil víctimas, lo cual según dijo la Fiscalía de Puebla, estaba garantizado con el valor de 64 bienes que le fueron incautados al hoy detenido. En noviembre de 2022 fue trasladado, pero al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 4, ubicado en Tepic, en el estado de Nayarit.
Las sanciones privativas de la libertad para Leonardo Tiro Moranchel se fueron acumulando ya que el pasado 29 de marzo recibió 33 años y cuatro meses de prisión al igual que su hermano Edmundo, por el fraude de SITMA e Invergroup, cuyos inversionistas no han podido recuperar su patrimonio.
