La juez Rosa María Cervantes, titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, dejó sin efecto la suspensión provisional que se le había concedido al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, contra la orden de arresto que existe en su contra por los actos de tortura cometidos en agravio de la periodista Lydia Cacho, por lo que no hay obstáculo legal que impida a la Fiscalía General de la República (FGR), aprehender al exfuncionario.
La decisión de la jurista fue tomada el pasado martes, y anunciada este miércoles, luego de que Marín Torres no ratificara la demanda de amparo ni los actuarios pudieran localizarlo para notificarle una suspensión de plano.
De tal manera que la juez Rosa María Cervantes resolvió desechar el amparo del ex mandatario de Puebla.
Es de recordar que el pasado 7 de abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, liberó la orden de aprehensión contra Mario Marín Torres, el empresario y llamado “Rey de la Mezclilla”, Kamel Nacif y otros participantes en la detención y tortura cometida en 2005 en agravio de la escritora del libro Los Demonios del Edén, el cual habla sobre pornografía infantil y la presunta participación de empresarios y políticos, entre ellos, el ex gobernador de Puebla.
Ante tal ordenamiento jurídico, el expriísta, a través de sus abogados interpuso un amparo para evitar ser detenido; pese a que de forma inicial, el 14 de mayo, la encargada del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional respecto a la orden de detención, casi un mes después le fue suspendida.
Cabe recordar que el 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida por la entonces policía judicial de Puebla en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos A.C. (CIAM), para luego ser trasladada por carretera hacia la capital poblana.
Por lo anterior, los días 16 y 19 de diciembre del mismo año, José Cacho Ribeiro presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que la misma Lydia Cacho, el día 18 de diciembre, presentó dos escritos en los que narró los hechos cometidos en su contra.
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El 23 de diciembre de 2005 la juez quinto de lo penal de Puebla dictó auto de formal prisión contra la escritora, por los delitos de difamación y calumnia, sin embargo, tras el pago de una fianza consiguió su libertad, además de que fue obligada a firmar cada mes.
Sin embargo, el 17 de enero de 2006 Lydia Cacho fue exonerada tras una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por lo que la periodista el 13 de marzo de 2006 interpuso una contrademanda ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEMIV).
Asimismo, el 4 de diciembre de 2018, Alejandro N, agente ministerial que participó en la detención de la periodista, fue capturado en Puebla por agentes de Quintana Roo por el delito de tortura.
