/ lunes 19 de agosto de 2024

Del 2022 a marzo 2024, se han registrado 12 mil 845 denuncias por el delito de amenazas

Sin embargo, sólo 80 indagatorias han sido judicializadas y ni una cuenta con sentencia

Del 2022 a marzo de este año, se han registrado 12 mil 845 denuncias por el delito de amenazas, sin embargo, de esta cifra, sólo 80 indagatorias han sido judicializadas y ni una cuenta con sentencia absolutoria. Para abogados, la falta de acción judicial puede llevar a la percepción de impunidad, es decir, que las víctimas y la sociedad en general pueden sentir que las autoridades no están haciendo lo suficiente para combatir el delito.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), fue quien confirmó dicha cifra a través de la solicitud de información 210421524000302, en la cual, se confirmó que del año 2022 a marzo de este 2024, ni una de las personas que han denunciado el delito de “amenazas”, han tenido justicia, pues los presuntos culpables siguen sin sentencia.

El delito de amenazas consiste en una conducta mediante la cual una persona intimida a otra con la intención de causarle un daño, físico, psicológico, patrimonial o moral. Esta acción puede ser verbal, escrita, gestual o a través de cualquier medio de comunicación, y tiene como objetivo infundir temor o intimidación en la víctima.

¿Cuáles son los elementos en el delito de Amenazas?

En entrevista con este medio, el abogado Cristian Linares, explicó que el autor debe tener la intención de amedrentar a la víctima, es decir, provocarle temor o inquietud sobre un posible daño que podría sufrir. Además, la amenaza debe ser lo suficientemente creíble para generar un temor razonable en la víctima. No es necesario que la amenaza se lleve a cabo físicamente, basta con que sea verosímil para que cause temor.

Pueden considerarse amenazas el causar daño físico, daño a la propiedad, difamación, perjuicio económico, entre otros. La clave es que la amenaza sea lo suficientemente seria como para que la víctima sienta que su seguridad o bienestar están en riesgo.

Algunos ejemplos de amenazas con las físicas, en donde la otra persona promete causar daño físico directo a la persona o a sus seres queridos, amenaza económica, en donde prometer dañar la propiedad de la víctima o causarle pérdidas financieras, las amenazas psicológicas, donde intimidan con revelar información dañina o comprometedora.

¿Cuáles son las consecuencias legales?, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Puebla, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de cinco a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que al 19 de julio del 2024, está en 108.57 pesos.

“El delito de amenazas puede ser considerado como un acto delictivo y, dependiendo de la gravedad y las circunstancias, puede llevar a consecuencias legales que incluyen sanciones penales como multas o incluso penas de prisión, especialmente si se demuestra la intención real de causar daño o si hay reincidencia”, explicó el abogado.

Al no existir sentencias, hay un ambiente de impunidad y desconfianza

Linares opinó que cuando se denuncia repetidamente un delito, pero no se lleva a cabo un proceso judicial que resulte en una sentencia, pueden ocurrir varias situaciones y problemas, pero el principal es la percepción de impunidad. Las víctimas y la sociedad en general pueden sentir que las autoridades no están haciendo lo suficiente para combatir el delito, lo que puede erosionar la confianza en el sistema judicial.

Si los delitos denunciados no son investigados y procesados, los perpetradores pueden sentirse alentados a continuar cometiendo esos delitos, esto puede llevar a un ciclo de criminalidad y aumento en las carpetas de investigación. Asimismo, la persistencia de delitos no resueltos puede contribuir a un clima de inseguridad y desestabilización social.

“Las víctimas de delitos que no son judicializados pueden sentirse frustradas y desamparadas, esto puede afectar su bienestar emocional y psicológico, así como su confianza en el sistema de justicia”, declaró.

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Este medio revisó el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de enero a mayo del 2024, se tienen registradas 2 mil 455 carpetas de investigación por el delito de amenazas, y si se compara con el mismo periodo, pero del año pasado, se puede decir que hubo una ligera alza, ya que, en el 2023, fueron 2 mil 248, es decir, 207 casos más para el presente año.

Del 2022 a marzo de este año, se han registrado 12 mil 845 denuncias por el delito de amenazas, sin embargo, de esta cifra, sólo 80 indagatorias han sido judicializadas y ni una cuenta con sentencia absolutoria. Para abogados, la falta de acción judicial puede llevar a la percepción de impunidad, es decir, que las víctimas y la sociedad en general pueden sentir que las autoridades no están haciendo lo suficiente para combatir el delito.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), fue quien confirmó dicha cifra a través de la solicitud de información 210421524000302, en la cual, se confirmó que del año 2022 a marzo de este 2024, ni una de las personas que han denunciado el delito de “amenazas”, han tenido justicia, pues los presuntos culpables siguen sin sentencia.

El delito de amenazas consiste en una conducta mediante la cual una persona intimida a otra con la intención de causarle un daño, físico, psicológico, patrimonial o moral. Esta acción puede ser verbal, escrita, gestual o a través de cualquier medio de comunicación, y tiene como objetivo infundir temor o intimidación en la víctima.

¿Cuáles son los elementos en el delito de Amenazas?

En entrevista con este medio, el abogado Cristian Linares, explicó que el autor debe tener la intención de amedrentar a la víctima, es decir, provocarle temor o inquietud sobre un posible daño que podría sufrir. Además, la amenaza debe ser lo suficientemente creíble para generar un temor razonable en la víctima. No es necesario que la amenaza se lleve a cabo físicamente, basta con que sea verosímil para que cause temor.

Pueden considerarse amenazas el causar daño físico, daño a la propiedad, difamación, perjuicio económico, entre otros. La clave es que la amenaza sea lo suficientemente seria como para que la víctima sienta que su seguridad o bienestar están en riesgo.

Algunos ejemplos de amenazas con las físicas, en donde la otra persona promete causar daño físico directo a la persona o a sus seres queridos, amenaza económica, en donde prometer dañar la propiedad de la víctima o causarle pérdidas financieras, las amenazas psicológicas, donde intimidan con revelar información dañina o comprometedora.

¿Cuáles son las consecuencias legales?, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Puebla, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de cinco a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que al 19 de julio del 2024, está en 108.57 pesos.

“El delito de amenazas puede ser considerado como un acto delictivo y, dependiendo de la gravedad y las circunstancias, puede llevar a consecuencias legales que incluyen sanciones penales como multas o incluso penas de prisión, especialmente si se demuestra la intención real de causar daño o si hay reincidencia”, explicó el abogado.

Al no existir sentencias, hay un ambiente de impunidad y desconfianza

Linares opinó que cuando se denuncia repetidamente un delito, pero no se lleva a cabo un proceso judicial que resulte en una sentencia, pueden ocurrir varias situaciones y problemas, pero el principal es la percepción de impunidad. Las víctimas y la sociedad en general pueden sentir que las autoridades no están haciendo lo suficiente para combatir el delito, lo que puede erosionar la confianza en el sistema judicial.

Si los delitos denunciados no son investigados y procesados, los perpetradores pueden sentirse alentados a continuar cometiendo esos delitos, esto puede llevar a un ciclo de criminalidad y aumento en las carpetas de investigación. Asimismo, la persistencia de delitos no resueltos puede contribuir a un clima de inseguridad y desestabilización social.

“Las víctimas de delitos que no son judicializados pueden sentirse frustradas y desamparadas, esto puede afectar su bienestar emocional y psicológico, así como su confianza en el sistema de justicia”, declaró.

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Este medio revisó el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de enero a mayo del 2024, se tienen registradas 2 mil 455 carpetas de investigación por el delito de amenazas, y si se compara con el mismo periodo, pero del año pasado, se puede decir que hubo una ligera alza, ya que, en el 2023, fueron 2 mil 248, es decir, 207 casos más para el presente año.

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