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La llegada de una banda delictiva que asegura ser de Sinaloa ha agudizado en el último año el clima de inseguridad que se vive en San Pablo Xochimehuacán, junta auxiliar que se ubica a escasos 15 minutos del Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Comerciantes son el sector más afectado al ser objeto del llamado cobro de derecho piso, lo cual ha derivado en asesinatos e incluso, en algunos casos, los familiares de las víctimas decidieron migrar a otro estado.
Delfino y su esposa, la cual prefirió no dar su nombre, dicen ser personas de trabajo, a quienes por años les ha costado salir adelante, y ahora, incluso contar con tortillerías y diversos comercios ubicados tanto en Xochimehuacán, Puebla, como en el vecino estado de Tlaxcala.
Jamás imaginaron que su progreso los haría víctimas de la delincuencia, al grado de perder a una hija, la mayor de tres. Andrea contaba con 23 años de edad, cursaba el quinto semestre de la licenciatura en Estomatología en el Centro Universitario Interamericano, que se localiza en el barrio de Santiago, del municipio de Puebla.
Como cualquier hija, refieren sus padres, a veces solía ser rebelde, pero nunca tuvieron queja respecto a su comportamiento o calificaciones. La mañana del 20 de febrero de 2020, sin embargo, todo cambió, pues fue la última vez que la joven habló con sus padres.
Aquel día Andrea salió de su domicilio en la calle Francisco I. Madero para dirigirse al estado de Tlaxcala con el fin de ayudarle a su mamá a atender otro de sus locales; al pisar la calle observó que la camioneta de su padre no era conducida por él, a pesar de que una hora antes, a las 6 de la mañana, había salido para ir a dejar a su hermana Karina, de 16 años de edad. A la par notó que un sujeto desconocido intentaba entrar a su casa.
Ante los hechos, la joven tomó el teléfono y le marcó a su madre para informarle que algo no estaba bien y que un hombre intentaba entrar a la casa, misma que se ubica junto a una tortillería, propiedad de la familia de la joven.
Los maleantes, seis, entre ellos una mujer, al darse cuenta de que su plan había fallado, abrieron fuego en contra de la universitaria, activaron sus armas AK-47 mejor conocidas como cuerno de chivo, así como otras pistolas tipo escuadra.
Tres de los aproximadamente 25 disparos que los hampones realizaron, alcanzaron a herir y matar a Andrea, quien pereció casi al instante ya que recibió un disparo en el corazón y dos en el abdomen, mientras que un trabajador de la tortillería resultó herido.
Luego de cometer los hechos, el comando armado escapó del lugar a bordo de la camioneta en la que llevaba retenido al padre de la hoy occisa, y de la cual, poco antes, habían bajado a Karina de 16 años para privarla de la libertad y amenazarla con violarla si su padre no cumplía con un pago de 30 millones de pesos por concepto de cobro de derecho de piso.
Ese día Delfino lo recuerda como si hubiera sido ayer.
“Ese día llevaba una camioneta cerrada, había un simulacro de un choque, los tipos ya me estaban esperando, eran seis personas con armas de cuerno de chivo, llegaron y abrieron las puertas, empezaron a pegarme, bajaron a mi hija de 16, la perdí de vista; luego me pasaron al asiento trasero de la camioneta, me decían que ya me tenían bien investigado, que tenía mucho dinero y muchas tortillerías, que querían 30 millones de pesos”, narra el padre de Andrea.
El hombre señala que incluso mientras fue retenido por el grupo de maleantes, estos lo golpeaban y lo torturaban sicológicamente, diciéndole con palabras altisonantes que 20 sujetos ya estaban con su hija Karina y si quería volver a verla, más le valía que hiciera lo que ellos pedían, de lo contrario, cada uno de los hombres que estaban con la adolescente la violarían, uno por uno.
Fue entonces que el comerciante y padre de familia les dijo que él no contaba con ese dinero, y que, si querían, que fueran a su casa y se llevaran todo lo de valor; tras despojarlo de las llaves de su camioneta, su celular y las llaves de su domicilio, se dirigieron a la calle Francisco I. Madero, donde se desató la balacera en la que fue asesinada Andrea, quien meses antes había planeado casarse.
Tras lo sucedido, el padre de la hoy occisa fue abandonado con vida en un terreno de la misma zona, mientras que su hija adolescente también fue liberada en otra junta auxiliar, donde policías municipales la ubicaron.
En tanto, el día de los hechos, los padres de la universitaria no solo lidiaron con la muerte de Andrea sino también con la indiferencia de los vecinos, quienes hicieron oídos sordos al clamor de ayuda.
“Hubo indiferencia de todos los vecinos hacia nosotros, por miedo, por temor, por lo que haya sido. Yo solo gritaba que me ayudaran, que llamaran a la ambulancia y nadie se acercó, solo vi a mi hija tendida. Desde que la subieron a la ambulancia ella ya estaba muerta”, cuenta la madre de Andrea en medio del sollozo.
A la par la entrevistada revela que tras lo sucedido tuvieron que salir de la citada junta auxiliar, modificar su estilo de vida y dejar todo lo ya construido; prácticamente se vieron en la necesidad de comenzar una nueva vida.
“A raíz de lo que pasó, por seguridad de las otras niñas nos tuvimos que ir, ellas ya no podían estar tranquilas, ya no podían ni dormir, incluso mi hija mediana estuvo con sicólogos porque ella igual vivió un trago amargo muy fuerte, ya que es quien fue secuestrada. Desde ese entonces nos seguían, nos espiaban, pasaban camionetas muy raras, y aunque tuvimos vigilancia de una patrulla solo era frente a la casa”, explica la madre de familia.
UNA IMPRUDENTE DECLARACIÓN CRIMINALIZÓ A LA FAMILIA
Es así como ahora deben rentar y supervisar sus negocios a distancia. Lo anterior se suma al hecho de que, frente a los ojos del resto de los vecinos, no son víctimas sino maleantes, y por eso fueron atacados. Todo, por culpa, acusan, de una declaración de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien horas después de que ocurriera el ataque declaró de manera pública que todo se había tratado de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas.
Aunque días después decenas de vecinos de San Pablo Xochimehuacán marcharon por toda la comunidad para exigir seguridad, e incluso los padres de Andrea solicitaron el esclarecimiento de los hechos y una disculpa pública por parte de la alcaldesa, esta disculpa nunca llegó.
Mientras. el padre de la joven asesinada espera que la Fiscalía de Puebla detenga a los responsables del crimen y no le dé carpetazo al asunto, ya que al momento no han sido informados sobre algún avance; la madre de la universitaria indica que ya no confía en las autoridades, pues sabe que no harán algo, ya que es la fecha en la que no han querido mostrarles las grabaciones de sus propias cámaras de vigilancia para ver si pueden identificar a los asesinos de Andrea.
“No los conocemos, no sabemos quiénes son y no entendemos por qué nos hicieron esto, éramos una familia muy unida, la herida sigue abierta y el recuerdo muy arraigado. Todavía la extrañamos muchísimo, su madre le llora todos los días, ya solo somos cuatro de familia y aún así, cuando vamos a la panadería mi esposa todavía compra cinco panes, sigue respetando el lugar de mi hija”, expresa Delfino, quien está a la espera de que la Fiscalía General del Estado esclarezca el crimen.
EXTORSIONES VAN DESDE CINCUENTA MIL HASTA UN MILLÓN DE PESOS
Bajo el temor de ser identificados físicamente o por voz, comerciantes de la ya referida junta auxiliar se negaron a hablar sobre el asunto, pues aseguran que si ellos se quejan o dicen algo sobre la inseguridad que impera en la zona, cuando algo les ocurre, simplemente no tienen el apoyo del presidente auxiliar, ni de las autoridades del municipio.
Incluso señalan que hay gente que informa sobre quiénes rondan por el lugar preguntando respecto a los actos delincuenciales que se cometen en Xochimehuacán y por ello mismo prefieren no hablar, a pesar de las protestas realizadas en el pasado.
Un comerciante de 45 años de edad accedió a hablar, sin grabación, sin video, sin foto, únicamente bajo la validez de su testimonio.
Con la seguridad de no exponer su vida o la de su familia, el entrevistado revela que, desde hace aproximadamente un año, la inseguridad se agudizó en la junta auxiliar y que las principales víctimas son los comerciantes, desde pequeños hasta grandes, quienes son amenazados y deben cubrir cuotas por derecho de piso, de entre 50 mil y un millón de pesos mensuales, lo cual depende el giro y el tamaño del negocio.
De estos actos, comenta, los responsables son una banda delictiva conocida como “Los Espías”, cuyos integrantes dicen ser de Sinaloa, los cuales ven, identifican a posibles víctimas y si en tres advertencias el comerciante no accede al pago, llegan, lo balean, intentan secuestrarlo o lo amenazan con su familia.
El declarante recuerda que por ese motivo el 4 de septiembre de 2020 un hombre de 72 años de edad, dueño de la panadería identificada como “Cemiplus”, fue asesinado durante un intento de secuestro por sujetos armados que previamente habían intentado extorsionarlo y cobrarle derecho de piso e incluso dos de sus trabajadores también resultaron lesionados.
Otros más han corrido con suerte y solo han resultado heridos, sin embargo, estos hechos se suman a otros casos de delincuencia como ejecuciones y asaltos, que tan solo en el último año, 2020, han cobrado la vida de nueve personas, entre mujeres, jóvenes y adultos mayores.
Aunque hay quienes tienen la posibilidad de salir de la junta auxiliar, enfatiza el entrevistado, la mayoría son oriundos de la zona y no tienen más opción que quedarse en el lugar donde nacieron, soportar la delincuencia, e ir al día, esperando a que no lleguen a cobrarles derecho de piso, y en el mejor de los casos, no ver morir a un familiar por esta misma razón.