Por actos de corrupción y despotismo fueron denunciados tanto el delegado como el subdelegado de la Fiscalía General de la República, Puebla, ya que en días recientes una asociación de abogados de la entidad, interpuso una querella ante la FGR en la Ciudad de México, donde aseguraron que en la dependencia se les exige entre 30 y 60 mil pesos para que a los detenidos se les brinde la posibilidad de tener un procedimiento abreviado, es decir, una terminación anticipada del proceso judicial que enfrentan.
Dentro de la Carpeta de Investigación FED/CDMX/0001209/2019, los agraviados señalan a Julio César Ulises N, y Armando N, de ser los responsables de instaurar cuotas para poder autorizar los procedimientos abreviados, cuyo costo, según la denuncia, depende de la complejidad del caso.
A decir de la parte acusadora, estas corruptelas ya fueron evidenciadas ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el estado de Puebla, no en una, sino en varias ocasiones.
Ejemplo de lo anterior, según se lee en la citada denuncia, ocurrió dentro del proceso penal número 351/2018, en el que a dos varones acusados y vinculados a proceso por posesión ilícita de combustible, se les negó la posibilidad de tener un procedimiento abreviado, sin que el titular de la FGR, delegación Puebla, justificara el motivo de dicha negativa.
Incluso, en la notificación emitida por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla, se concluye que el actuar de la FGR Puebla, y, por ende, de su titular, constituyen un acto de rebeldía en el sentido de no dar cumplimiento a un mandato judicial.
Por tal situación, la Jueza de Distrito ordenó informar de su resolución al fiscal general de la República en la entidad poblana, para que, en efecto de tres días a partir de la recepción del documento correspondiente, detallara los motivos por los cuales no se están autorizando procedimientos abreviados, y en su caso, informara sobre las políticas por los cuales son negados estos.
Lo anterior, se indica en el documento legal, también por el derecho que las partes involucradas poseen, de conocer la fundamentación y motivación de la negación del procedimiento abreviado, mediante el cual se busca una terminación anticipada del proceso judicial y que se da cuando el imputado reconoce ante las autoridades, su participación en el delito del que se le acusa, para así, conocer de manera pronta su sentencia, sanción o castigo.
No obstante, la queja de la asociación de litigantes no termina ahí ya que también en la denuncia se evidencia y cuestiona el hecho de que el actual delegado de la FGR fuera asegurado durante un retén alcoholímetro en el municipio de San Pedro Cholula, en aparente estado de alcoholemia y a bordo de una unidad oficial.
Por todo lo anterior, los que se dijeron agraviados, solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República a nivel federal, para que se tomen cartas en el asunto y se resuelva la problemática por la que, aseguraron, están atravesando los abogados en el estado de Puebla.
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