Aparentemente, por exigir el pago de 100 mil pesos para la liberación de un bar que se encuentra asegurado en el municipio de San José Chiapa, el titular de la unidad de Trata de Personas de la Fiscalía de Puebla fue detenido en el Centro Histórico de la ciudad, muy cerca de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género a la que se encuentra adscrito.
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Se trata de un servidor público con diversas acusaciones, entre ellas, la de favorecer a personas investigadas por violencia familiar.
De acuerdo con la información compartida a este medio, el asegurado es Hugo Israel P. C.
La autoridad que estuvo a cargo del arresto fue la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.
Hugo Israel fue sorprendido la tarde del jueves a las 13 horas, por los agentes investigadores en la avenida 10 Oriente entre 6 Norte y bulevar 5 de Mayo.
Tras su aprehensión bajo cargos de cohecho, el acusado fue enviado a Casa de Justicia Puebla en espera de que se realice la audiencia correspondiente para definir su situación legal.
Aunque hasta la tarde de este viernes la Fiscalía de Puebla no había fijado postura alguna, fuentes cercanas al caso indicaron que el servidor público exigió la cantidad de 100 mil pesos al propietario de un bar asegurado en el municipio de San José Chiapa, para que el establecimiento fuera liberado.
Por ello, supuestamente, citó al dueño del centro nocturno para que le diera el dinero en efectivo, y en ese momento fue detenido por los agentes.
Entre sus pertenencias, trascendió, le hallaron 50 mil pesos. Las fuentes afirmaron que el detenido suele revictimizar a las agraviadas, maltrata a los litigantes e incluso, aparentemente, pedía dinero tanto a víctimas como victimarios.
Incluso en junio de 2020 fue señalado públicamente de actuar en favor de un empleado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación acusado de violencia familiar.
En aquel momento se indicó que el agente del Ministerio Público Hugo Israel, presuntamente insistió en persuadir a la víctima para que no siguiera con el proceso legal diciéndole que lo que más le convenía era otorgarle el perdón al acusado y aceptar una reparación del daño por 10 mil pesos, sin embargo, la asegurada lo rechazó pues consideró que su vida estaba en riesgo.
Aunque la afectada interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos, esta no se resolvió de inmediato, el MP siguió al frente de la investigación pero además, continuó trabajando para la FGE.
Hoy ya se encuentra detenido y se espera que pronto se resuelva su situación legal pero también, que la Fiscalía informe más sobre el caso.
