Dos policías municipales de Puebla encarcelados y tres más se encuentran bajo investigación, los primeros por presuntamente haber cometido actos de tortura y los segundos por falsedad de declaración en el caso de un joven de origen colombiano, quien en octubre de 2018, fue detenido injustamente acusado de diversos delitos; luego de que no se hallaran elementos que comprobaran su responsabilidad, fue declarado inocente y se ordenó su libertad, además de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió recomendaciones al comprobarse que fue torturado.
Se trata de César Augusto, de entonces 26 años de edad, quien el 2 de octubre de 2018 fue detenido junto con su esposa mexicana de nombre Lucero, cuando viajaban en un automóvil BMW propiedad de la madre del varón.
De forma inicial, ambos fueron acusados de portación ilegal de arma de fuego, delitos contra la salud y cohecho, sin embargo, también se les vinculó con robo a casa habitación y relojes de lujo.
En su momento, según información policial, se presumía que el varón sería otro de los implicados en el asalto y homicidio de Arturo N, afuera del Hotel Camino Real el 5 de agosto de ese mismo año, sin embargo, no se contaban con mayores pruebas de lo anterior.
Fue hasta el 8 de marzo de 2019, que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la vinculación a proceso de César Augusto por el delito de robo agravado y portación de arma de fuego, ya que la mujer salió mediante un procedimiento abreviado.
Abogada argumentó que claramente la detención no fue en el lugar señalado
La dependencia explicó que de acuerdo con la carpeta de investigación, el 15 de septiembre de 2018, en inmediaciones de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, una pareja fue interceptada por dos hombres armados a bordo de una motocicleta.
A decir de la FGE, César Augusto N, presuntamente amagó a las víctimas despojándolos de un reloj con un valor aproximado de 700 mil pesos, 5 mil pesos en efectivo, entre otras pertenencias.
Durante la audiencia, fueron presentados datos de prueba a la autoridad judicial, quien determinó dictar vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra César Augusto.
No obstante, durante la etapa intermedia, la abogada del detenido solicitó una audiencia para pedir el sobreseimiento del proceso. Fue así como el acto jurídico se celebró el 13 de febrero de 2020 en el Centro de Justicia Penal de Puebla en la avenida 11 Sur.
De acuerdo con material y documentos en poder de este medio, en la citada audiencia la abogada del acusado señaló contar con un video que exponía claramente que la detención no fue en el lugar, hora, ni forma como los policías aprehensores, en este caso municipales, lo dijeron en su informe policial homologado, comprobándose que se trató de una detención ilegal.
De igual forma resaltó que en la declaración de las víctimas de robo, solo se indica que uno de los responsables tiene acento extranjero, al parecer, colombiano, sin precisar mayores características de los responsables.
Por todo lo anterior, y al determinarse que no se tenía conocimiento de dicho video para cuándo el agente del Ministerio Público hizo la formulación de imputación, se admitió como prueba de la ilegalidad de la detención y de las diversas violatorias que cometieron los policías municipales.
También el juez de control concluyó que no existían mayores datos de descripción que reforzaran que César Augusto era la misma persona que cometió los hechos denunciados, por lo que se concedió el sobreseimiento del proceso penal, se indicó que el detenido era inocente y se ordenó su libertad por las acusaciones de robo.
Aunque contaba con un segundo proceso por la portación de arma de fuego, el juez también recibió una notificación de que en una audiencia previa con otro juez de control, de igual forma se concedió sobreseimiento del proceso penal, por lo que no existía impedimento alguno para dejarlo en libertad.
Fue así como el acusado salió de prisión, sin embargo, los actos de tortura del que joven fue víctima durante el tiempo que estuvo en poder de las autoridades municipales, fueron puestos del conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual encontró que sí hubo tortura.
“Se desprende que V1, si presentó lesiones traumáticas externas contemporáneas a su detención, las cuales, sí concuerdan en su mecanismo de producción con la narrativa de los hechos, por lo que desde el punto de vista médico legal, sí cuenta con elementos técnicos periciales suficientes para acreditar tortura con base en el protocolo de Estambul”, se lee en la recomendación 10/2020 respecto al expediente 5838/ 2018.
Emite CDH Puebla recomendación
Por lo anterior la CDH emitió una recomendación dirigida a la entonces presidenta Claudia Rivera Vivanco, pero también a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
En este sentido, el punto número 164 de la recomendación ordena la reparación del daño por medio de la rehabilitación pues indica que “de acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la Ley de Victimas para el Estado de Puebla, la rehabilitación, busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 60, de la antes referida Ley, esta Comisión de Derechos Humanos, recomienda a la Presidenta Municipal de Puebla, proporcione a V1 atención integral, que incluya la atención médica y psicológica, que le permita superar las secuelas producidas por los hechos aquí descritos”.
También en su punto 166 la Comisión refiere que no pasa desapercibido que la autoridad responsable en su oficio SM-DGJC-DDH.- de abril de 2019, suscrito por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal de Puebla, informó la radicación del Expediente Administrativo EA1, en la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, y que mediante el diverso SM-DGJC-DDH.-2625/2020, de fecha 21 de mayo de 2020, agregó que actualmente dicho Expediente Administrativo EA1, se encuentra archivado a reserva, derivado de no contar con datos probatorios, pero “toda vez que de la investigación realizada por este organismo se obtuvieron nuevas evidencias, se recomienda a la autoridad municipal la reapertura del citado expediente a efecto de que en su caso determine sobre la responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, involucrados en los hechos aquí descritos, y para el caso de que la responsabilidad administrativa haya prescrito, deberá anexar al expediente laboral de los servidores públicos involucrados, la resolución que en su caso, así lo determine, y copia de la presente Recomendación por las violaciones las violaciones a los derechos humanos de las citadas víctimas”, indica.
Según la información compartida a este medio, por todo lo anterior, dos policías municipales de Puebla identificados como Óscar N y Guadalupe N, fueron encarcelados y tres más, Roberto N, Yessica N y Uriel N, se encuentran en investigación, pero en libertad mientras que de los dos primeros aún se espera la etapa del juicio oral para determinar si son o no culpables.
Derivado de ello, la madre del ahora liberado, comenzó a recibir diversas amenazas vía telefónica en la que le decían que la iban a matar a ella y a sus hijos, a los cuales los iban a embolsar, por lo que acudió a la Fiscalía de Puebla a interponer la denuncia correspondiente por el delito de amenazas, pero también por abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, allanamiento de morada, eso en propiedad ajena doloso, lesiones y los que resulten.
Hoy César Augusto solo quiere limpiar su nombre y el de su familia pues a decir de su madre, esta situación les ha derivado en problemas de salud, señalamientos e incluso en sufrir discriminación.
