Al menos catorce mujeres junto con sus hijas fueron reportadas como desaparecidas en el estado de Puebla de 2020 a la fecha, periodo en el que ya suman 301 casos de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en la entidad, y de las cuales, se tiene registro de localización de 160, mientras que el resto, no han sido ubicadas, o bien, las autoridades no han precisado el estatus que guardan esas mujeres.
Ante la problemática, representantes de organismos no gubernamentales como el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) consideran importante la creación de una base de datos y su transparencia, por parte de la Fiscalía de Puebla y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y considerando que, en lo general, en el asunto de las desapariciones, las mujeres son un grupo de mayor vulnerabilidad, el registro hemerográfico más reciente del Consejo Ciudadano respecto a niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas indica que, de enero de 2020 a enero de 2021, hubo 223 casos de desapariciones de este grupo social en territorio poblano, sin embargo, esta cifra se suma a los 78 casos de mujeres no localizadas contabilizadas por El Sol de Puebla, de febrero a agosto de este año, a través de los boletines de búsqueda emitidos por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
De esta forma, la sumatoria en el periodo de 2020 a la fecha es de 301 mujeres reportadas como desaparecidas, 160 de ellas localizadas (15 sin vida), y del resto, 141 aún no se conoce su paradero, o bien, las autoridades no precisaron el estatus de esas víctimas de desaparición.
El informe del CCSJ a través del Observatorio de Violencia de Género, señala que de estos 301 casos, 14 de los ellos son de mujeres reportadas como desaparecidas junto con sus hijas, y de las cuales, 8 fueron localizadas, de 5 aún se desconoce su paradero y una pareja fue hallada sin vida.
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El rango de edad de mayor vulnerabilidad, en cuanto a las desapariciones, lo fueron adolescentes de 12 a 17 años, con 136 casos de 2020 a agosto de 2021. De ahí le siguieron jóvenes de 18 a 23 años con 52 desapariciones, seguido de jóvenes de 24 a 29 con 29 desaparecidas y niñas de los 0 a los 11 años, rango de edad en los que hubo 27 casos; el resto 57, pertenecen a mujeres mayores de 30 años de edad, y menores de 86.
Asimismo, el organismo detectó que al menos 14 de las víctimas eran empleadas, 3 trabajadoras domésticas, 2 funcionarias públicas, 2 mujeres desempleadas y uno por cada caso, profesora, paramédica, modelo, mesera, dentista, demostradora y comerciante.
En el 30 por ciento de los 301 casos ubicados por el Consejo Ciudadano, niñas, adolescentes y mujeres, fueron víctimas de uno o más delitos.
Sobre este punto, el organismo señala que, en un caso, la persona fue víctima de trata, en cinco se trató de una sustracción de menores, en 6 existió el dato de privación ilegal de la libertad, en tres más, las víctimas presentaron lesiones, un caso más fue clasificado como homicidio calificado y otros 15, como feminicidio, y en 2, se consideró como desaparición de persona.
Finalmente, se tiene que el municipio de Puebla, incluso por densidad demográfica, concentró el mayor número de casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, con 139 hechos; mientras Tehuacán y Amozoc empataron con 12 casos, Tecamachalco tuvo 11, Tlacotepec 8, Acajete y Coronango figuraron con 6 hechos cada uno, y Atlixco tuvo 5 desapariciones; el resto se concentró en municipios como San Andrés Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Huauchinango, Acatlán de Osorio, Teziutlán, Palmar de Bravo, entre otros.
URGEN BASE DE DATOS
Respecto a este tema, Samantha Paéz Guzmán, directora de análisis de violencia de género mediática y digital del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, recalcó que la desaparición forzada es cometida por los agentes del Estado, por omisión, contubernio o incluso cuando hacen uso de su capacidad y facultad para cometer las cosas, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
Incluso cuando los grupos delincuenciales operan con el permiso de las autoridades para desaparecer a personas, es una desaparición forzada, indicó.
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A la par, la entrevistada recordó el caso de una mujer identificada como Elizabeth, quien estaba embarazada y su pareja era un policía, el cual se la llevó por la fuerza, de tal manera que la familia de la víctima hizo el reporte de desaparición, sin embargo, después se supo que fue feminicidio.
En este sentido, Samantha Páez indicó que en algunos casos hay antecedentes de violencia familiar contra las adolescentes, y no se sabe si esos antecedentes de violencia son investigados por las autoridades pues algunas veces, la violencia familiar influye para que las adolescentes salgan de sus casas.
“Las familias pueden darse cuenta de la violencia que sufren las niñas, adolescentes y mujeres, y pueden prevenir que las adolescentes se salgan del hogar, incluso un dato preocupante es las desapariciones de madres e hijas, ya que se relaciona al feminicidio y sustracción de menores, es decir que nos lleva a pensar que la madre fue víctima de feminicidio y la hija víctima de sustracción por parte de una misma persona que cometió el delito, y esto es algo que se debe investigar más a fondo, con más celeridad”, consideró la entrevistada.
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Añade que hace falta fortalecer la parte en la que tanto la Fiscalía de Puebla como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tengan información desglosada por género y edad, pero también si son personas con discapacidad o algún tipo de vulnerabilidad, es decir, mujeres embarazadas, adultas mayores, migrantes, de la diversidad sexual, entre otros.
“Que se genere esta base de datos, que se transparenten y algo fundamental, es esta recomendación que venía en la Ley General de Personas Desaparecidas y que tenía que contemplarse en la estatal, que, con el apoyo de la sociedad civil y organismos como el Consejo Ciudadano, se identifiquen grupos vulnerables, modus operandi y rutas de alto riesgo, esto debió armonizarse en la ley estatal”, opinó respecto a la reciente aprobación, en lo general, que los diputados locales hicieron de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado, en sesión virtual extraordinaria.
Por último, la entrevistada urgió a las autoridades la existencia de una base de datos desglosada, pero también en las denuncias, acciones de búsqueda, localización de las personas, su identificación y restitución, para conocer cuántas personas fueron localizadas identificadas y cuántas fueron restituidas a sus hogares, ya sea con vida o sus restos.
