Ante el temor de que una de las presuntas asesinas de Gizeh Castelán, la trabajadora del ISSSTEP, hallada muerta debajo del puente de la Prolongación 11 Sur en octubre de 2016, obtenga su libertad, este lunes familiares de la víctima pidieron hablar con el recién nombrado fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, sin embargo, la respuesta por parte de uno de sus trabajadores, a decir de los deudos, fue que el titular de la dependencia no conoce del caso, pero además, que este no se resuelve a “contentillo de las víctimas”.
Los denunciantes consideraron haber sufrido un trato déspota cuando lo único que buscan es exponer su situación ante el fiscal, para a su vez, solicitarle que sea otro agente del Ministerio Público quien los represente en la sala de audiencias.
En este sentido, reiteraron que es el propio personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien no solo los ha tratado de convencer para que desistan de la acusación que pesa contra Ana Karina N, sino que también parecen estar de lado de la acusada al pedir la suspensión del proceso penal contra dicha mujer.
Como este medio lo ha ido informando, la mañana del jueves pasado en la Casa de Justicia Puebla, se llevaría a cabo la audiencia de juicio oral para establecer la situación jurídica de Ana Karina N, sin embargo, tanto el representante de la Fiscalía como la defensa de la imputada, al conocer de la presencia de medios de comunicación, solicitaron que se hiciera de forma privada.
Los familiares de la hoy occisa, indicaron que en sala, se solicitó la suspensión del proceso, sin embargo, el agente del Ministerio Público no fundamentó el porqué de su petición; ante tal situación, los deudos se negaron a la solicitud, por lo que la juez ordenó a la Fiscalía integrar un dato de prueba para que el proceso siga su curso.
Cabe destacar que en diciembre de este año, se cumplirán dos años de la detención de Ana Karina, y en caso de que no se le dicte una sentencia condenatoria antes de dicho tiempo, por ley, no podría permanecer encarcelada.
Gizeh Castelán fue hallada sin vida y con múltiples puñaladas el 2 de octubre de 2016; la camioneta en la que viajaba fue localizada tiempo después por los agentes ministeriales.
Para diciembre del mismo año, Ana Karina fue ubicada y detenida por las autoridades, revelándose que ella y otra mujer habrían cometido el asesinato, tras una pelea luego de haber acudido a un bar al sur de la ciudad.
A principios de agosto de 2018, Liliana Guadalupe N, la segunda acusada en los hechos, fue capturada y posteriormente vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado.
