Ante diversos actos dilatorios e irregularidades dentro del proceso penal correspondiente al asesinato del periodista Marco Aurelio en el municipio de Tehuacán, la Fiscalía de Puebla acusó públicamente al juez de control Gabriel Pérez Rocha, contra quien incluso la institución procuradora de justicia interpondrá la queja correspondiente ante el Consejo de la Judicatura Estatal.
El fiscal especializado en Derechos Humanos, Ulises Sandal Ramos Koprivitza fue el encargado de exhibir el actuar del juzgador antes ya referido.
Tras la queja pública realizada en días anteriores por la hija del periodista y abogado, respecto a que el juez de la causa estaba incurriendo en diversas irregularidades y al parecer quería dejar en libertad a Jesús Armando, uno de los dos detenidos por el hecho en el que habrían actuado con la ayuda de un tercero que está prófugo, el fiscal Ulises reveló distintas anomalías.
El funcionario detalló que en el caso del primer sospechoso, José Francisco N, el día 15 de junio de 2023 el agente del Ministerio Público solicitó fecha y hora para la audiencia inicial por el delito de homicidio calificado de tal forma que el juez fijó el 23 de junio de para dicha audiencia pero un día antes, el 22 de junio notificó a la FGE que la audiencia sería diferida por problemas en su agenda sin que se diera fecha para que el agente del Ministerio Público pudiera formular imputación.
Ante ello la representación social pidió de nueva cuenta fecha y hora al juzgador el 26 de junio, sin recibir respuesta; el MP reiteró su solicitud el 3 de junio notificando también a la presidencia del Consejo de la Judicatura del Estado para la atención del caso pero fue hasta el 4 de julio cuando el juez de control notificó que la audiencia se celebraría el 2 de agosto, es decir, casi un mes después de que se hizo la solicitud.
Adicionalmente, según lo dado a conocer por el fiscal Ramos Koprivitza, el mismo juez otra vez cambió la fecha, ahora adelantando la audiencia sin justificación alguna, programándola para el 7 de junio.
Finalmente, con relación a este imputado de nombre José Francisco, el togado lo vinculó a proceso el 12 de junio por homicidio calificado.
Juez sanciona sin fundamento a Ministerio Público
Por otro lado, el fiscal agregó que el 4 de septiembre 2023 agentes estatales de investigación detuvieron a otro implicado, tratándose de Jesús Armando, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud, siendo vinculado a proceso el 13 de septiembre por el mismo juez de control por los hechos descritos.
En esa misma fecha el agente del Ministerio Público solicitó audiencia para formular imputación a este sujeto pero por el delito de homicidio; el 14 de septiembre el juez señaló el 27 de septiembre para la audiencia.
Para el 21 de septiembre el agente del MP solicitó al juez que informara a la Fiscalía quién sería la defensa del imputado a efecto de que pudiera disponerse del contenido de la carpeta de investigación y que la FGE estuviera en aptitud de proveer las copias de la misma a la defensa del imputado, sin embargo, el 27 de septiembre de este año, el mismo juez decidió suspender la audiencia para que la defensoría pública pudiera imponerse del contenido de la carpeta e inusitadamente concedió diez días para dichos efectos y solo entonces volvería a fijar fecha para el desahogo de la audiencia.
Al concluir su intervención, dijo Ulises Sandal, el juez impuso una multa al MP atribuyéndole la omisión de no haber proveído la carpeta de investigación correspondiente a pesar de que el Ministerio Público había solicitado la información respectiva, comunicación oficial a la que el juez, a la fecha no ha dado respuesta, además el juez solicitó que se iniciara investigación administrativa en contra la representación social.
La Fiscalía también se quejó de que el juez Gabriel Pérez Rocha no otorgó al final de la audiencia el uso de la voz a ninguno de los intervinientes, vulnerando los principios jurídicos del sistema de justicia penal entre otras disposiciones.
Por todo lo anterior, la FGE adelantó “recurrirá a las medidas dispuestas por el juez de control en la instancia correspondiente, presentará queja formal ante el Consejo de la Judicatura para que revise la actuación el juez de la causa”.
Resaltó que la FGE tomó conocimiento de la denuncia interpuesta por la hija del periodista Marco Aurelio contra el juez por diversos hechos con apariencia de delito y será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien determine lo que por derecho corresponda.
Finalmente subrayó que la institución procuradora de justicia continúa con las acciones necesarias para localizar a la tercera persona que cuenta con orden de aprehensión por el asesinato del periodista; resaltó que las víctimas indirectas con quienes se tiene comunicación, desde el día de los hechos, cuentan con medidas de protección vigentes.
