La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que el alcalde de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez, su hermano Higinio N., y el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco N., encabezaron el asesinato de Ramón N., quien era chofer del excandidato, Salvador Tino Martínez, abanderado del Partido del Trabajo (PT). En suma, solicitaron órdenes de aprehensión contra más de 30 personas por este ilícito.
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En conferencia de prensa, Odette Alejandra Flores Ventura, coordinadora general especializada en investigación de homicidios dolosos, recordó que el pasado 1 de junio, la Fiscalía se enteró a través de Facebook de la muerte del chofer y que el hecho había ocurrido en la zona de Puente Viejo. De manera inmediata, comenzaron la investigación, arrancaron la inspección del lugar, los dictámenes, entrevistas y los resultados fueron los siguientes:
La Fiscalía esclareció que el día previo a la elección, sobre la carretera interserrana con rumbo a Ixtepec, la víctima transitaba a bordo de una camioneta, cuando fue interceptado por un grupo de personas, quienes, tras cerrarle el paso, lo agredieron. Después llegó otro grupo de personas encabezado presuntamente por el edil, su hermano, el director de seguridad y agentes de seguridad pública.
Los dos grupos de personas agredieron a las víctimas a golpes utilizando armas de fuego y la conducta agresiva fue principalmente por parte del edil, su pariente y su funcionario. El chofer trató de huir, pero fue perseguido por un grupo de personas, quienes provocaron su muerte. Después de los hechos, un grupo de policías, entre ellos el director de seguridad pública, llevó a la víctima al hospital, pero ya no tenía vida. Se negó a dar detalles de lo ocurrido.
La causa de muerte fue un choque hipovolémico secundario y traumatismo toráxico penetrante derivado de las lesiones por arma de fuego. El 18 de junio, la Fiscalía solicitó ordenes de aprehensión para más de 30 personas, quienes son presuntas responsables de los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, encubrimiento, falsedad en informes, robo agravado, abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración, procuración de justicia y otros ramos del poder público.
Flores Ventura precisó que la resolución judicial respecto a la solicitud formulada debe de emitirse en un término de 24 horas.
Por su parte, el titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, lamentó que las autoridades abusen de su poder y ocupen medios oficiales para perpetrar crímenes. En su opinión, lo más importante es localizar a todos (incluyendo al alcalde) para que se haga justicia.
“Según nuestra investigación hubo uso de armas oficiales y sobre todo esta confrontación con un grupo de pobladores que utilizaron los cargos para causar daño, es muy lamentable, pero ya va haber una acción legal, una investigación amplia, se trata de una acción jurídico penal en contra de 30 personas al menos, no vamos a excluir a nadie y por supuesto que vamos a aprehender a todas las personas”, declaró.
Desde su óptica, este caso será “ejemplar” para que se haga el uso adecuado de las policías municipales.
