La Fiscalía de Puebla recibió una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) debido a que 47 miembros de la Agencia Estatal de Investigación violaron los derechos humanos de un ciudadano al catear sus casas sin orden, posteriormente golpearon a su familia y los espiaron sin argumentos. Durante dicho cateo, el denunciante escuchó cuando los agentes dijeron: “ahorita que se pueda pones el encargo del patrón en algún cajón de la recámara”.
En la recomendación 17/2023 dirigida al fiscal Gilberto Higuera Bernal, la Comisión relató que los agentes llegaron a buscar un vehículo, documentos y “cualquier tipo de indicios útiles” para el debido esclarecimiento de una investigación que tenían en curso. Sin embargo, el denunciante y su familia padecieron actos intimidatorios y señalamientos sin fundamento legal alguno.
“Los torturaron, los golpearon y amenazaron, ocasionándole diversas lesiones a V1 (el demandante), y demás miembros de su familia, asimismo, que dichos actos habían quedado grabados en las cámaras de seguridad que V1, tenía en su domicilio y también había transmitido en vivo a través de su cuenta personal de la red social de Facebook”, se pudo leer en el informe.
También refrío que después de la diligencia de cateo ejecutada el día 13 de octubre de 2019, continuaron los actos intimidatorios/hostigamiento hacia él, así como su familia, toda vez que las autoridades, en diferentes días y horarios, estacionaban sus unidades oficiales afuera de los domicilios y acudían armados o se asomaban por las rejas y ventanas de dichos domicilios a espiar.
En suma, las autoridades de la Fiscalía encabezaron una conferencia de prensa en donde señalaron a este hombre y a sus familiares por diversos delitos, los cuales no se mencionan en el informe de la CDH, y también enviaron boletines de prensa acusándolos, por lo que la familia pidió que se apegaran al “Protocolo de Estambul”, que es una guía para determinar si una persona ha sido o no víctima de tortura.
Por todo lo anterior, la Comisión abrió una investigación en la que recapituló los hechos, las pruebas del denunciante y entrevistó a miembros de la Fiscalía. Incluso, hizo exámenes psicológicos a los familiares involucrados y estos revelaron que 8 de los 10 integrantes tienen impactos psicológicos como ansiedad, falta de sueño o bajo rendimiento en sus actividades diarias.
La CDH determinó que a todos ellos les fueron violados sus derechos a la intimidad, legalidad, así como seguridad personal por la intromisión a su domicilio y, por tanto, pidió a la Fiscalía la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.