Un total de 41 policías estatales y municipales de distintas demarcaciones de la entidad poblana han sido detenidos en los primeros cinco meses de este 2022, por presuntamente estar relacionados con diversos hechos delictivos, desde tortura, robo de gasolina, encubrimiento y tentativa de homicidio.

Apenas el pasado 25 de mayo autoridades ministeriales dieron a conocer el arresto de nueve policías estatales por un enfrentamiento entre policías y pobladores de Coyomeapan que dejó un saldo de tres muertos y siete heridos.

Las corporaciones involucradas en los escándalos de este año son la policía estatal con elementos asignados al municipio de Atzitzihuacán y Zoquitlán; la policía municipal de Puebla, Tecamachalco y Acatzingo.

Fue el pasado 30 de enero, cuando dos policías municipales de Puebla identificados como Fabián N, de 41 años y Néstor, de 30, fueron detenidos en la madrugada por presuntamente robar 25 litros de gasolina de su misma patrulla en la colonia Agrícola Resurgimiento. Además de que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició una investigación por estos hechos.

El 10 de abril, tres policías estatales acusados de torturar a un menor de edad con la finalidad de obtener información de otras personas en el municipio de Atzitzihuacán, fueron detenidos, vinculados a proceso y enviados a un centro penitenciario. Se trata de Heriberto N, Esther N y Pedro N, quienes permanecen recluidos.

Tras los acontecimientos que se registraron el pasado 9 de mayo en el municipio de Zoquitlán, donde policías estatales y pobladores de Coyomeapan se enfrentaron dejando un saldo de tres muertos y siete heridos, el 25 de mayo, la Fiscalía General del Estado obtuvo y cumplió orden de aprehensión en contra de nueve policías estatales, por su probable responsabilidad en la comisión de actos ilícitos.

A los policías Alberto N, alias “Campos”, de 24 años; Carlos N, de 26; Bernabé N, de 22; José Javier N, de 26; Luis Antonio N, de 33; Jesús N, alias “El Chino”, de 26; Moisés N, de 23; Jonathan Iván N, de 25 y Abdo Israel N, de 31, se les imputó los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena; en este caso están a la espera de la audiencia en la que se les vincule a proceso.

Finalmente, el 12 de mayo, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Ricardo Mejía, durante la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que 24 de los 27 policías municipales detenidos en Acatlán de Osorio, ya que tres fueron puestos en libertad, también son investigados por el asesinato de su director, Héctor N y su esposa; por este hecho incluso fue arrestado el presidente municipal de Acatlán, Arturo N. Todos continúan detenidos y vinculados a proceso por usurpación de funciones y uso indebido de condecoraciones.

Como en su momento se dio a conocer, el director de Seguridad Pública de Acatlán, Héctor N, fue asesinado en el tramo carretero Palomas-Tlapa Guerrero, al igual que su esposa, quienes viajaban en una camioneta que terminó volcada; asimismo, resultaron con heridas de gravedad tres menores de edad que los acompañaban.

Fuentes oficiales dieron a conocer que el director llegaba del municipio de Tecomatlán cuando fue emboscado por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo que terminó volcado sobre el asfalto.

LAS PENALIDADES A LAS QUE PODRÍAN HACERSE ACREEDORES

En cuanto a los años de prisión a los que pueden hacerse acreedores los policías detenidos en Acatlán de Osorio por usurpación de funciones y uso indebido de condecoraciones, el Artículo 258 del Código Penal del Estado de Puebla señala que se impondrá de dos meses a dos años de prisión y multa de diez a cien días de salario mínimo al que, sin ser servidor público, se atribuya este carácter y ejerza alguna de las funciones de tal, así como a quien use uniforme, insignia, distintivo o condecoración a que no tenga derecho.

Además, la sanción se duplicará si alguno de estos aditamentos es utilizado para cometer o intentar cometer otro delito.

Por otro lado, con respecto a las acusaciones contra policías estatales por los hechos en Coyomeapan, el daño en propiedad ajena, el Artículo 412 menciona que se impondrá de seis a doce años de prisión, independientemente de las sanciones que correspondan por otro u otros delitos que resulten de ello.

Y en el mismo caso, la tentativa de homicidio se castiga con una pena de 2 a 5 años de cárcel.

En tanto el delito de tortura por lo hecho que presuntamente cometieron policías estatales asignados a Atzitzihuacán, el Artículo Tercero de la Ley para Prevenir la Tortura dice que comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

No obstante se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

La penalidad es de tres a doce años de prisión, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta.

Asimismo, el robo de hidrocarburos en el caso de los policías municipales de Puebla que robaron gasolina de su patrulla, se castiga con 20 o hasta 30 años de prisión y multa de 20 a 25 mil días de salario mínimo según el Artículo 8 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la cual dice que comete tal delito quién:

Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.