Sólo ocho centros de rehabilitación para las adicciones que operan en el estado de Puebla están reconocidos ante la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), a pesar de ser un requisito establecido por la NOM-028-SSA2-2009, que es la norma que establece los lineamientos para la prevención, tratamiento y control de las adicciones en todo el territorio mexicano.
Hace prácticamente un mes, el grupo Fraternidad Metropolitana, que aglutina a más de 200 centros de rehabilitación, aseguró que “casi todos” contaban con avisos de funcionamiento por parte de DEPRIS. Cabe decir, que en lo que va del año, seis personas han muerto en estos inmuebles donde se ofrece ayuda.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 en su apartado 5 de Generalidades refiere que, “los establecimientos especializados en adicciones que brinden atención residencial deben contar con el aviso de funcionamiento respectivo –emitido por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DEPRIS)-, así como con EL REGISTRO COMO INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA ANTE EL CONADIC”, sin embargo, y a pesar de dicha instrucción, sólo ocho centros están reconocidos.
Según el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales reconocidos por la CONADIC, con fecha última de actualización del 27 de mayo de 2021, sólo ocho centros de rehabilitación en el estado de Puebla se encuentran registrados ante dicho órgano. De los ocho establecimientos, cinco se encuentran en la capital poblana, mientras que los tres restantes están ubicados en los municipios de Atlixco, Cuautlancingo y Tepeaca.
Es importante señalar que antes de la actualización del pasado 27 de mayo en el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales, sólo cinco centros de rehabilitación estaban registrados, aunque la fecha de vencimiento de todos ya había expirado, lo que significa que desde el 10 de noviembre de 2020 y hasta el 27 de mayo de 2021 –seis meses-, ningún establecimiento de este tipo mantenía su reconocimiento vigente ante CONADIC.
A decir de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSA), es la DEPRIS, la que emite el aviso de funcionamiento para que los centros de rehabilitación puedan establecerse, sin embargo, es deber del Consejo Estatal Contra las Adicciones de Puebla (CECA), verificar que se dé cumplimiento a la NOM-028-SSA2-2009.
Como tanto el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) como la DEPRIS dependen de la SSA, este medio solicitó a esta última el número de centros de rehabilitación que operan en el estado de Puebla, al día de hoy, sin embargo, dicha solicitud no fue contestada por la SSA.
En este sentido, cabe mencionar que la NOM-028-SSA2-2009, tiene como propósito “establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones bajo la observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de salud en los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño, investigación, capacitación y enseñanza o de control de las adicciones”.
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Señala también que debe contar con personal capacitado y suficiente para llevar a cabo las funciones del establecimiento; la alimentación suministrada a los usuarios debe ser balanceada, en cantidad suficiente y servida en utensilios higiénicos, de acuerdo con el estado de salud del usuario; los trabajadores de los centros especializados en adicciones tienen la obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a los usuarios, mientras permanezcan al interior, además de que la relación del personal con los usuarios se basará en el respeto a su persona, a sus derechos civiles y humanos.
De los ocho establecimientos reconocidos ante CONADIC que operan en el estado de Puebla, tres otorgan un servicio gratuito, tales como Grupo Encuentro de Drogadictos Anónimos A.C, Centro Estatal de Salud Mental y Drogadictos Anónimos –todos en la capital poblana-; cinco más mantienen una cuota fija que va de los 9 mil 100 hasta los 42 mil pesos, por un tratamiento de tres meses, en promedio, a diferencia de los cerca de mil, que suelen cobrar en otros lugares con menores recursos.
CALDO DE CULTIVO PARA DELINCUENCIA
De acuerdo con un especialista en antropología social, -que por seguridad prefirió la gracia del anonimato-, los elevados costos “marginan a un sector de la población que no tiene la capacidad económica para sufragar las cuotas de los centros de rehabilitación y que pretende una recuperación de su enfermedad, lo que propicia la búsqueda de otras alternativas, a pesar de que en algunas ocasiones se vulneren sus derechos humanos, incluso hasta la muerte”.
Para el experto, la raigambre de las adicciones es sumamente compleja, ya que el problema sobreviene de una sociedad fracturada, tanto por la delincuencia, como de la violencia doméstica, debido a que la mayoría de las personas con problemas de adicción provienen de familias disfuncionales que desarrollan baja autoestima.
Asimismo, refirió que estos elementos “son caldos de cultivo para que la delincuencia organizada se apropie de ellos y los jóvenes terminen por transformarse en “dealers” o “halcones” dentro de los mismos centros de rehabilitación”.
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A decir del antropólogo, los líderes delincuenciales no están dispuestos a perder a un “trabajador” cuando sus familias deciden anexarlos por sus problemas con las drogas, por lo que, en muchos casos, el hampa se apodera de los centros de rehabilitación y operan desde el interior, según dijo.
El también académico concluye su idea aseverando que las últimas muertes que involucran a diferentes centros de rehabilitación pueden ser resultado de dos vertientes: la primera sugiere que el personal de algunos anexos está integrado por sujetos que abusaron de su posición al momento del tratamiento, mientras que la segunda señala una guerra civil por el control de las drogas, y acotó: “para mí, está última versión es más viable en este país”
CENTROS PIDEN TREGUA ANTE OLA DE CRÍMENES
El pasado 21 de mayo, el grupo Fraternidad Metropolitana, en el que participan más de 200 centros de rehabilitación, pidió que no se generalice la forma en la que operan estos establecimientos, sin embargo, ante el cuestionamiento del registro ante CONADIC, únicamente aseguró que “casi todos” ya contaban con avisos de funcionamiento por parte de DEPRIS.
En rueda de prensa, Raúl Méndez Castillo, representante jurídico del grupo señaló que a raíz de la ola de violencia que se desató en menos de un mes en diferentes establecimientos de este tipo en el estado de Puebla, la demanda en su servicio se vio afectada, por lo que enfatizó que, al menos en los 200 centros que pertenecen a Fraternidad Metropolitana, se trabaja de manera correcta.
Aseguró que los usuarios de sus centros de rehabilitación siempre reciben un trato digno por parte de especialistas en drogadicción y médicos, y refirió: “La intención es decirle a la sociedad que no todos los grupos trabajan de la misma manera, nosotros no somos anexos, somos centros de rehabilitación de alcoholismo y otras adicciones”.
Incluso, indicó que se responsabilizarían por cualquier conducta agresiva al interior de los 200 grupos que integran Fraternidad Metropolitana.
PROMESA DE REVISIÓN CONTINÚA EN EL AIRE
El 7 de mayo, tras el ataque a balazos a un centro de rehabilitación en el municipio de Tehuacán en el que murió una persona, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que durante su administración se haría una revisión a estos establecimientos; más de un mes después y luego de la muerte de otro joven anexado, dicha promesa sigue sin cumplirse.
En primera instancia, el mandatario aseguró que no había altas cifras de homicidios al interior de centros de rehabilitación, no obstante, hasta el momento de esa declaración, el 7 mayo, se tiene registro de tres decesos.
Barbosa Huerta refirió que este tipo de lugares se habían convertido en refugios de delincuentes, incluso, señaló que las personas llegaban a drogarse en lugar de rehabilitarse.
Más de un mes después, el pasado 15 de junio, el gobernador dijo que pidió a la subsecretaria de Derechos Humanos, Raquel Medel y a la Consejería Jurídica, que elaboraran lineamientos sobre el funcionamiento de estos centros de rehabilitación, y reconoció que estos lugares operan de manera clandestina.
“Son más de 80 lineamientos para que se regule, se supervise, se impidan los abusos, se impida el funcionamiento de aquellos lugares que, incluso, se han vuelto centros de drogadicción y de refugio de delincuentes; es un asunto a resolver”, indicó.
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SEIS MUERTES EN POCO MÁS DE DOS MESES
En menos de dos meses, seis personas relacionadas con centros de rehabilitación fueron asesinadas en diferentes puntos del estado de Puebla.
El primer caso y quizá el más mediático se registró el pasado 8 de abril en el centro de rehabilitación “La Piedad” en la colonia Lomas de San Miguel, donde Alan N, de 21 años de edad, quien se internó por voluntad propia, perdió la vida tras ser golpeado al interior del lugar; familiares señalaron que personal de “La Piedad” les llamó para decirles que recogieran a Alan, debido a que se sentía mal.
A su arribo encontraron al joven agonizando, por lo que de inmediato lo trasladaron a un hospital, donde al borde de la muerte refirió a su hermana que lo habían violentado en el centro de rehabilitación “La Piedad”; Alan falleció poco antes de ingresar al Hospital General del Norte.
Transcurridos siete días del deceso de Alan, un hombre identificado como Fernando N, de 42 años de edad, también murió en un centro de rehabilitación, según acusaron sus propios familiares luego de una golpiza al interior de “Puerta a la Vida”, ubicado en la 32 Poniente casi esquina con 7 Sur en la colonia Santa María.
Unos días después, el 28 de abril, una mujer fue hallada sin vida con golpes en el rostro en inmediaciones de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, muy cerca del centro de rehabilitación en que se encontraba internada; se supo que la víctima respondía en vida al nombre de Karla N y que había ingresado al grupo contra las adicciones “Ayuda Mutua Guerreros en Cristo”.
Para el 5 de mayo, un centro de rehabilitación fue rafagueado por sujetos desconocidos sobre la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán, en el que dos personas resultaron heridas de bala y una más falleció.
Cinco días posteriores, en pleno Día de las Madres, el encargado del anexo “Última Oportunidad” en el municipio de San Andrés Cholula fue asesinado a manos de 10 internos que intentaban escapar del lugar.
Finalmente, el 11 de junio un joven originario de Chiapas, que fue internado en el municipio de Tepeaca, fue castigado a tablazos y su cuerpo abandonado en la vía pública, donde a pesar de ser trasladado a un hospital, murió a consecuencia de los golpes.
La víctima fue identificada como José Armando N, de 26 años de edad; el cuerpo del hombre fue llevado a Chiapas, donde su familia le dio el último adiós.
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