Autoridades de los tres niveles de Gobierno no han aportado pruebas de cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones cometidas en contra de un ambiente sano, acceso al agua e información en agravio de habitantes de Puebla y Tlaxcala por la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes.
La recomendación 10/2017 contiene nueve puntos recomendatorios, y en todos ellos el estatus se encuentra como “aceptado, sin pruebas de cumplimiento”.
De acuerdo con el “Informe de Seguimiento de Recomendaciones”, están pendientes la celebración de un convenio de coordinación interinstitucional y cooperación técnica, entre la Cofepris, la Semarnat, la Conagua, la Profepa, los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, y los municipios colindantes a los ríos y sus afluentes, las empresas que descargan sus aguas residuales o a las redes de alcantarillado municipales, y organizaciones de la sociedad civil, para implementar un “Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento” de la cuenca.
Entre los puntos que no se han cumplido, de acuerdo con el documento publicado este año, se encuentran además instruir a quien corresponda para que se lleve a cabo una evaluación de las condiciones actuales de contaminación ambiental de los citados ríos, que en coordinación con los gobiernos de Puebla y Tlaxcala se lleve a cabo un diagnóstico toxicológico “permanente”, dice, de los riesgos y daños a la salud de la población, que pueden tener su origen en su exposición a los contaminantes.
Tampoco se ha diseñado un programa de atención médica en el que se establezcan las medidas de respuesta al impacto de los daños a la salud y su control, ni la información generada ha sido difundida en diversos medios de difusión, entre otros puntos que se encuentran disponibles en la página: cndh.org.mx en el apartado de informes especiales.
Cabe resaltar que la recomendación 10 del año pasado estuvo dirigida a Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Roberto Ramírez, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Guillermo Haro, procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa); Julio Sánchez, comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), los gobernadores de Puebla, Antonio Gali y de Tlaxcala, Marco Antonio Mena; así como los alcaldes de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, José Rafael Núñez y Carlos Alberto Morales, respectivamente, y de Tepetitla de Lardizábal, Carlos Fernández.
