Tras los señalamientos del exsecretario de Medio Ambiente en la gestión estatal de Mario Marín, Francisco Castillo Montemayor, sobre que en la Fiscalía General del Estado (FGE) hay “tortuguismo”, debido a que no se ha cumplido con la averiguación de los posibles responsables de su detención infundada durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, el fiscal general, Gilberto Higuera Bernal, señaló que la aplicación de la ley no tiene tiempo.
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En ese sentido comentó que le garantiza que su caso se va a resolver conforme a derecho y si es que hay un probable responsable se dará con él, pues así lo hacen con todos los hechos que se registran en la entidad.
Incluso, Higuera Bernal apuntó que él personalmente revisa el tema del exfuncionario, a fin de dar con aquello que sea un hecho delictivo cometido en su contra.
“Que no tenga duda de que así va a ser (se va a resolver) aun con el tiempo que haya transcurrido. Yo creo que la aplicación de la ley no tiene tiempo, no tiene espacios (…) yo personalmente estoy revisando ese caso, por lo que pueda significar un delito, o un hecho delictivo cometido en su agravio, indicó.
Asimismo, explicó que se trata de un caso que ha tenido muchos procesos penales y resoluciones judiciales, por eso es que aún se indaga.
Cabe mencionar que en una conferencia de prensa Castillo Montemayor explicó qué ha pasado más de un año desde que el Juez Segundo de Distrito le concedió un amparo que ordena al organismo autónomo iniciar una indagación de los posibles responsables de su arbitraria detención, la FGE no ha dado respuesta e incluso solicitó un mes más para avanzar, plazo extra que está por vencer.
“Hoy nos encontramos a unos días de vencimiento de plazo para que la FGE cumpla con su deber constitucional de investigar, generar datos de prueba y si se detecte que existe una responsabilidad penal se judicialice el asunto y se proceda con las acciones pertinentes”, apuntó en dicho momento.
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Ante esto, llamó a las autoridades a que garanticen el cumplimiento de encontrar los elementos que comprueben la responsabilidad de los funcionarios que presuntamente estuvieron involucrados; además de que desempeñen sus funciones con ética.