Jorge Aduna Villavicencio, el empresario gallero detenido enfebrero de 2016 por la desaparición y asesinato de seis vecinos dela colonia Lomas de San Miguel, fue dejado en libertad trasconseguir la protección de la justicia federal mediante un juiciode amparo, en el que su defensa acusó que la Fiscalía General delEstado (FGE) cayó en la ilegalidad de algunos medios de prueba delproceso en su contra por secuestro agravado, entre ellos, el cateoa una de sus propiedades en la colonia San José El Conde, ubicadaen los límites de Puebla y Tlaxcala y en la que se habríanencontrado elementos para incriminarlo.
El empresario, concesionario de la empresa Palenques delNoroeste, una de las más importantes del país en el mundo delespectáculo, abandonó en los primeros minutos de ayer el Cefereso14 en Durango, donde fue trasladado hace una semana bajo elargumento de que su presencia en el Cereso de San Miguel representaba un riesgo.
Aunque en un principio el Juez Cuarto de lo Penal negóinconsistencias en el caso, y en abril ratificó el auto de formalprisión contra Aduna Villavicencio, todavía la semana pasada fuetransferido de Puebla a Durango.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Amparo, en unsegundo proceso de revisión, ordenó el pasado miércolesotorgarle el amparo correspondiente a fin de que se le dictara unnuevo auto, que en su caso fue de libertad y así fue como desdelos primeros minutos del viernes ya podía dejar la prisión, perofue hasta las 13 horas, por cuestión de papeleo, que abandonó lacárcel.
Tras la liberación del principal sospechoso, seguirá siendo unmisterio la desaparición y probable asesinato de Marco AntonioCuautle Cuautle, de ocupación lechero; Román Limón Gómez,abogado sin ejercer; Pedro Negrete Orea, alias “El Peter” yLuis Ángel Flores Gutiérrez, alias “El Chivo”, éstos dosúltimos, dedicados a la herrería y acabados residenciales;Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Torres Sandoval, alias “ElMelones”, quien era “limpiaparabrisas” en el crucero delBulevar Vicente Suárez y Fidel Velázquez, en la unidadhabitacional de La Margarita.
POSTURA DE LA FGE
Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General delEstado (FGE) dio a conocer que, “no obstante de estar endesacuerdo con la resolución pronunciada por el Poder JudicialFederal, respecto del auto de liberación dictado a Jorge AdunaVillavicencio y demás copartícipes por el delito de secuestroagravado y que culminó en su libertad, se muestra respetuosa desus determinaciones”.
Agregó el boletín que “como se hizo del conocimiento enanteriores ocasiones, en octubre de 2015, se denunció ladesaparición de seis personas en la colonia San Miguel, en elEstado de Puebla por parte de sus familiares”.
“Una vez que el agente del ministerio público tomóconocimiento de lo sucedido y realizó las investigacionespertinentes para identificar y localizar a los probablesresponsables, presentó en calidad de testigos a los portadores dedos líneas telefónicas que formaban parte de lainvestigación”.
“De las declaraciones rendidas por estas dos personas, seobtuvieron datos del lugar donde fueron privadas de la vida lasvíctimas y de los demás copartícipes, procediendo a sudetención por caso urgente en términos del artículo 16constitucional”.
“De las diversas diligencias realizadas, resalta el cateo quese llevó a cabo en una de las propiedades de Jorge AdunaVillavicencio, lugar en el que se encontraron pertenencias de lasvíctimas y el vehículo de una de ellas”, añadió ladependencia.
“En razón de lo anterior, se ejercitó acción penal encontra de Jorge Aduna Villavicencio, Yosafhat Berlanga Flores,Ricardo López Meza, Antonio Cantú García y José Emmanuel LimónMeneses, como probables responsables del delito de secuestroagravado”.
“El Juez Cuarto de lo Penal en el Estado, ratificó ladetención realizada por los agentes de investigación y dictóauto de formal prisión en contra de los detenidos”.
La FGE aclaró que “inconforme con el auto, la defensapromovió juicio de amparo en contra de dicha resolución, mismaque conoció al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en MateriaPenal en el Estado. En contra de la sentencia emitida por dichaautoridad federal se promovió recurso de revisión, mismo queconoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del SextoCircuito”.
“La autoridad federal estimó que la detención de losprobables responsables fue ilegal, al interpretar que no se dio elcaso urgente que prevé y establece el propio artículo 16constitucional, por lo que, con base en esa interpretación,decidió nulificar diversas pruebas que integran las averiguacionesprevias, situación que desde luego esta Fiscalía nocomparte”.
“Cabe resaltar que, aun cuando la autoridad federal enmúltiples ocasiones fue desestimando las pruebas, el Juez Cuartode lo penal dictó en tres ocasiones más auto de formal prisiónpor contar con elementos suficientes y bastantes para acreditar suprobable responsabilidad”.
“En cumplimiento al último requerimiento realizado por laautoridad federal, se desestimaron otras probanzas, decretando asíel Juez Cuarto de lo Penal, auto de libertad (ayer) por falta deelementos para procesar”.
La Fiscalía resaltó que esta libertad no implica que laspersonas que señaló la dependencia como probables responsablessean inocentes, sino más bien un problema de criterios respecto elcumplimiento de los requisitos de la figura de caso urgente, de laque han existido diversas posturas. “La Fiscalía hará valertodos los recursos de queja procedentes”.
“Así mismo, una vez que sean devueltas las constancias alagente del ministerio público, se subsanaran las observaciones dela autoridad federal y en su momento se solicitará al Juez delconocimiento lo conducente”.
CON EL MISMO AMPARO YA HABÍAN LIBERADO AMINISTERIALES
Cabe recordar que con el mismo amparo con el que ahora logró suliberación Jorge Aduna, el pasado 20 de abril también fueronliberados los dos agentes ministeriales Javier C. V. y José FelipeR. H., quienes estaban acusados de filtrar información alempresario gallero.
Su liberación la lograron los defensores José Luis RamírezTéllez y Nicolás Machorro Contreras, del Corporativo Jurídico“Ramírez Téllez y Asociados”, pues demostraron que no habíaelementos incriminatorios hacia sus clientes, por lo que se dio suliberación.
“Los amparos no se conceden por o para cometer delitos, sinopor la violación de los derechos fundamentales contra losinculpados; además con esta última liberación, se pone en telade juicio las investigaciones de la Fiscalía General delEstado”, comentaron brevemente a EL SOL DE PUEBLA, RamírezTéllez y Machorro Contreras.
