El agente ministerial Javier N., quien logró su libertad tras ser acusado de filtrar información al empresario gallero Jorge Aduna, este último implicado en la muerte de seis personas que supuestamente entraron a robar a su casa, logró una resolución de la justicia federal en la que se ordena a la Fiscalía General del Estado indemnizarlo por todo el tiempo que estuvo preso, así como por los daños morales y económicos en perjuicio de su persona y reinstalarlo en su puesto, si así lo desea el exelemento, del que fue despedido injustificadamente.
Ayer el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil y Administrativa giró el oficio a la Fiscalía diciendo que ampara al susodicho policía ministerial y advierte que tiene tres días para darle cumplimiento a lo ordenado, de lo contrario, los mismos titulares de la dependencia podrían hacerse acreedor a ciertas sanciones, incluso hasta ser rescindidos de sus cargos.
Javier y otro ministerial de nombre Felipe fueron aprehendidos a finales de 2016, acusados de filtrar información a Jorge Aduna, quien fue detenido en esas fechas como autor material en la presunta desaparición, secuestro y asesinato de seis vecinos de la colonia Lomas de San Miguel entre octubre, noviembre y diciembre de 2015.
Javier y Felipe, tras permanecer en el penal de San Miguel, obtuvieron su liberación absolutoria en abril del 2017, luego de que sus abogados, José Luis Ramírez Téllez y Nicolás Machorro Contreras, tramitaran un amparo ante la justicia federal y esta les brindara su protección al no encontrar elementos que los incriminaran.
Con ese mismo expediente de amparo, en junio de 2017 también logró su liberación Jorge Aduna, quien días antes había sido enviado del penal de San Miguel al Cefereso 14 en Durango bajo el supuesto de que aquí corría peligro su integridad física.
En lo que se refiere al caso de los desaparecidos en Lomas de San Miguel, hasta la fecha no se ha hecho justicia, pues no existe ningún responsable detenido.
El titular del Corporativo Jurídico Ramírez Téllez y Asociados asegura que será a través de la Secretaría de Finanzas que la Fiscalía indemnice a sus representados por la cantidad acumulada de indemnización, salarios caídos, vacaciones, aguinaldo, bonos, además de que, si así lo desea, el trabajador deberá ser reinstalado en su puesto.
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