A una pena de más de once años de prisión, fueron sentenciados dos de seis policías municipales de Puebla señalados de participar en 2018, en la tortura de un joven de origen colombiano, a quien acusaron falsamente de posesión de drogas y un arma de fuego.
La madre del agraviado pide justicia y que no existan más abusos policiales, ya que afectan severamente la vida y estabilidad de las familias, pues, afirma que en venganza, ahora a su hijo lo han vuelto a involucrar en otro hecho delictivo en el que no tiene nada que ver.
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“De verdad que esto es una injusticia, hoy por fin hay dos sentenciados por la tortura a mi hijo pero faltan más. Ahora también lo involucran en otro asunto, se trata de una venganza”, indicó Hercilia N, madre del agraviado.
En este sentido y de acuerdo con la documentación presentada a este medio, fue un Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, quien el pasado 12 de julio dictó sentencia condenatoria contra los expolicías municipales Guadalupe N y Uriel N, de 45 y 28 años de edad, respectivamente.
Lo anterior dentro de la causa penal número 161/2023/JO/CENTRO , en la que figura como víctima César Augusto N, de 32 años de edad, de origen colombiano y residente del estado de Puebla.
Fue el 2 de octubre de 2018, cuando policías municipales de Puebla detuvieron a César Augusto, de entonces 26 años de edad, junto con su esposa mexicana de nombre Lucero, cuando viajaban en un automóvil BMW, propiedad de la madre del varón.
De forma inicial, ambos fueron acusados de portación ilegal de arma de fuego, delitos contra la salud y cohecho, sin embargo, también se les vinculó con robo a casa habitación y relojes de lujo.
En su momento, según información policial, se presumía que el varón sería otro de los implicados en el asalto y homicidio de Arturo N, afuera del Hotel Camino Real ocurrido el 5 de agosto de ese mismo año, sin embargo, no se contaban con mayores pruebas de lo anterior.
Fue hasta el 8 de marzo de 2019, que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la vinculación a proceso de César Augusto por el delito de robo agravado y portación de arma de fuego, ya que la mujer salió mediante un procedimiento abreviado e incluso sufrió un aborto, ya que para entonces estaba esperando un hijo de César.
Durante la etapa intermedia del proceso jurídico, la abogada del detenido solicitó audiencia para pedir el sobreseimiento del proceso.
Fue así como el acto jurídico se celebró el 13 de febrero de 2020 en el Centro de Justicia Penal de Puebla, en la avenida 11 Sur.
En la citada audiencia, la abogada del acusado señaló contar con un video que exponía claramente que la detención no fue en el lugar, hora, ni forma como los policías aprehensores, en este caso municipales, lo dijeron en su informe policial homologado, comprobándose que se trató de una detención ilegal.
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Incluso, la madre del joven resaltó que en la declaración de las víctimas de robo, solo se indica que uno de los responsables tenía acento extranjero, al parecer, colombiano, sin precisar mayores características de los responsables.
Por todo lo anterior, y al determinarse que no se tenía conocimiento de dicho video, para cuando el agente del Ministerio Público hizo la formulación de imputación, se admitió como prueba de la ilegalidad de la detención y de las diversas violatorias que cometieron los policías municipales.
También el juez de control concluyó que no existían mayores datos de descripción que reforzaran que César Augusto era la misma persona que cometió los hechos denunciados, por lo que se concedió el sobreseimiento del proceso penal; el jurista indicó que el detenido era inocente y se ordenó su libertad por las acusaciones de robo.
Sin embargo, durante la detención de su hijo, acusa Hercilia N, los agentes policiacos cometieron abusos y actos de tortura en agravio de César Augusto, por lo que interpuso la denuncia correspondiente en contra de los uniformados, siendo detenidos y procesados únicamente dos de los seis oficiales que habrían participado en los hechos.
Tribunal confirma tortura porparte de policías municipales
Durante el estudio del caso, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento confirmó que al menos dos de los policías municipales aprehensores, golpearon en la cara, el cuerpo y las costillas al joven colombiano una vez que llegaron a un lugar deshabitado.
Incluso le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza tratando de asfixiarlo en varias ocasiones, además de que le provocaron una fractura en la clavícula.
El varón también recibió descargas eléctricas en las costillas así como golpes en el estómago simultáneamente, motivo por lo que perdió el conocimiento en varias ocasiones en un lapso de dos horas, según consta en la resolución.
Todas las situaciones anteriores fueron acreditadas, por lo que el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 11 años y tres meses de prisión contra Guadalupe N y Uriel N, ordenando que prevalezca sobre ellos la prisión preventiva y cubran la reparación del daño.
Además se les impuso una multa de 45 mil 297 pesos; se ordenó que fueran inhabilitados para desempeñar cargos públicos durante el mismo tiempo de la condena.
También, las autoridades judiciales ordenaron a los sentenciados realizar una disculpa pública en la que se haga saber lo resuelto por el Tribunal.
Madre pide detención del resto de implicads
Si bien dos de los seis torturadores de su hijo ya fueron sentenciados, Hercilia, madre de la víctima, sigue exigiendo que se haga justicia, pues aseveró que aún faltan cuatro policías por detener, tratándose de Roberto N, Yessica N, Óscar N, y otro más cuyo nombre no se ha revelado.
La declarante hizo un llamado a las autoridades para que vigilen el actuar de sus elementos ya que este tipo de abusos dañan gravemente a las familias.
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“Todo esto ha sido un sufrimiento tan prolongado y hasta discriminatorio, solo porque en algunos casos los implicados son colombianos, agarraron a mi hijo pero lo hicieron por cerrar los casos porque a los policías les dan un bono por cada detención que hacen y por la de mi hijo yo sé que recibieron mucho, por eso hay tanta gente inocente en la calle”, sentenció la entrevistada.
Hercilia asegura que todavía le queda mucho camino que recorrer pues asevera que por venganza de los policías condenados, su hijo nuevamente fue detenido y ahora lo quieren incriminar en un caso de secuestro y homicidio.
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