Violación a los derechos humanos de las víctimas y desacato a lo ordenado en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las faltas en las que incurren las propias autoridades ministeriales cuando se niegan a entregar copia de la denuncia o Carpeta de Investigación (CDI) a una víctima, así como a los mismos acusados de algún ilícito, situación y queja que es recurrente por parte de quienes han sido blanco de diversos hechos delincuenciales como asaltos, lesiones, robo, abuso de autoridad, entre otros.
El referido Código en su artículo 109 que habla sobre los derechos de la víctima u ofendido, establece 29 derechos a los que estos tienen acceso, entre ellos, los que sobresalen son los siguientes.
Que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia; a contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un asesor jurídico.
Además de ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, el Ministerio Público o en su caso por el Juez o Tribunal, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código.
El derecho que particularmente llama la atención por no cumplirse, según la cantidad de quejas que se han tenido por parte de las víctimas, es el de tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional.
Y es que varios denunciantes que se han acercado a este medio para exponer sus casos y el nulo avance de las investigaciones por parte de las autoridades ministeriales, han coincidido en decir que en la Fiscalía General del Estado (FGE), al momento de denunciar, les han negado la copia de su denuncia, sin explicarles el motivo, o bien, cuando se trata de familiares de víctimas de homicidio o feminicidio, no les conceden copia de la carpeta de investigación e incluso les niegan información sobre el avance de las indagatorias.
¿Qué hacer si no me dan copia de mi Carpeta de Investigación?
De esta forma, según lo consultado a Rubenell Fernández, abogado penalista, las mismas autoridades ministeriales están incurriendo en un acto de violación de derechos humanos y desacato a lo instruido en el Código de Procedimientos Penales (CDP).
“Da coraje y es lamentable que a veces suceda y se siga dando este tipo de casos, así como el acusado tiene derecho a recibir copia de la carpeta de investigación, también la víctima, se trata de principios de igualdad procesal, es decir, que el acusado y la víctima tienen los mismos derechos, a excepción del pago de la reparación del daño que corresponde al acusado. Si no se entregan los registros de la carpeta de investigación se están coartando los derechos de las víctimas o de la persona que correspondan, es una cuestión de violación de derechos humanos y procesales”, explicó el litigante.
Sin embargo, a decir del especialista en Derecho, cuando alguien se encuentre en este tipo de situaciones de violación a sus derechos, puede acudir ante un juez de control y manifestar las omisiones del Ministerio Público, por lo que este último tendrá que acudir a audiencia y explicar al togado el motivo de su actuar.
La otra opción es interponer una queja en Visitaduría, las cuáles según la experiencia del litigante, nunca progresa.
Demoran un año en entregarles copia de la CDI
El 16 de marzo de 2019 se reportó la privación ilegal de la libertad de Luciano, cuando se encontraba en su trabajo, en el municipio de Huejotzingo, donde estaba comisionado por parte de la policía estatal; su familia, en la ciudad de Puebla empezó a buscarlo.
A pesar de la denuncia levantada ante el agente del Ministerio Público y de la campaña emprendida en redes sociales para la pronta localización del policía, nada sirvió, ya que sus restos fueron hallados en un montículo de escombros y más restos humanos en San Salvador Chachapa, Amozoc, el 30 de marzo de 2019. Más tarde se supo que estos fueron extraídos de una fosa clandestina en inmediaciones del mercado Morelos, responsabilizando del crimen a José Christian N., alias “El Grillo”.
Fue hasta el 2 de febrero de 2020, tras los estudios de genética, cuando los restos del policía, fueron entregados a su familia, luego de un homenaje en las instalaciones de la Dirección de la Policía Estatal.
Hasta entonces, después de presionar en varias ocasiones al agente del Ministerio Público encargado del caso y de hablar con sus superiores, los deudos de Luciano tuvieron acceso a la carpeta de investigación por el caso, sin que en algún momento les señalaran los motivos por los cuáles no les podían dar la copia correspondiente.
Denuncia a policías y no le entregan copia de su denuncia
El 5 de mayo de 2021, Jaime Uriel, de 24 años de edad y su novia, ahora esposa, acudieron a una convivencia con un amigo en el fraccionamiento Geovillas del Sur, pero al salir para pedir un Uber el joven se desorientó y al momento de ver una patrulla municipal estacionada, quiso pedirles ayuda, pero en vez de obtener apoyo, fue golpeado y despojado de sus pertenencias e incluso amenazado de muerte. De igual forma, le negaron la copia de su denuncia; al insistir le pidieron que en una semana pidiera su copia, pero hasta este 19 de octubre no le había sido entregada.
Asesinan a su esposa, y le niegan copia de la CDI
Finalmente, otro caso es el de Ricardo, cuya esposa fue asesinada en noviembre de 2021 en la comunidad de Guadalupe Tecola; después de haber hecho públicas diversas inconsistencias en el caso, la Fiscalía de Puebla le quitó la calidad de víctima indirecta y le negó el acceso a la carpeta de investigación, por lo que señaló que las autoridades investigadoras posiblemente estaban protegiendo a los responsables del asesinato de su cónyuge.
Ahora junto con su asesor jurídico sigue en la lucha para que se le reconozcan sus derechos de esposo y se le informe sobre los avances en la investigación del caso, pero además, lo que sigue exigiendo es justicia y la detención de los responsables de haber matado a su esposa por la disputa de unos terrenos.