Claudia Verónica N, de 42 años de edad, ya había sufrido dos infartos y pese a ello, los médicos que la intervinieron continuaron con la liposucción, por lo anterior, cuatro de los cinco detenidos fueron vinculados a proceso y enviados al penal de San Miguel, acusados de homicidio doloso.

En tanto, el abogado de la quinta persona detenida, es decir, de una enfermera, consiguió que su clienta pasara el proceso en libertad, luego de que únicamente se le imputara el delito de usurpación de profesión.

Luego de más de once horas de audiencia privada en el Centro de Justicia Puebla, una juez de control estableció que existían los elementos suficientes para establecer que la detención de los acusados fue legal y con apego a la ley.

Fue así que se dio oportunidad a que el agente del Ministerio Público informara a los detenidos, las razones por las cuales estaban siendo investigados, indicándoles su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso en agravio de Claudia Verónica, de 42 años de edad.

Lo anterior, en razón de que de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía de Puebla, los imputados habrían continuado con la liposucción de Claudia, aun cuando esta ya habría sufrido dos infartos durante la cirugía estética, incluso según lo dicho por la representación social, a la mujer le vino un tercer infarto que fue el que terminó con su vida. Es así como la defensa de los acusados, no ha podido argumentar que se trató de un homicidio culposo y no doloso.

Asimismo, durante la citada audiencia, la juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de los cinco asegurados, no obstante, solo a los médicos Daniel N y Gabriela Guadalupe N, así como al anestesiólogo Carlos N, y al dueño de la clínica Gerardo N, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de tal manera que fueron enviados al penal del estado. A su vez, se les concedió un plazo de investigación complementaria de 4 meses.

En tanto, el abogado de la enfermera Amanda Beatriz N, logró que se determinara que el grado de participación de su clienta era distinto al del resto de los acusados, por lo que se ordenó su liberación inmediata para que la mujer pudiera pasar su proceso en libertad. No obstante, se le ordenó acudir a firmar cada quince días y dar una garantía económica de 40 mil pesos, para de esta forma garantizar que no huirá del estado. En este último caso, la juez dio un plazo de dos meses para investigación complementaria.

De esta forma, es como las autoridades ministeriales, presumen que hubo una negligencia por parte de quienes le practicaron la cirugía estética a la empresaria dedicada a la coordinación de eventos sociales.