Tras las acusaciones que familiares de Gizéh Castelán hicieron con respecto a que el ISSSTEP criminalizó a la hoy víctima por haber acudido a un bar el día de su asesinato, el organismo negó categóricamente tal situación, además de que aseguró que el instituto se ha mantenido abierto al diálogo, siempre dentro del marco de la Ley y ante las autoridades competentes.
En días recientes, los deudos de la extrabajadora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), denunciaron que la joven de entonces 26 años de edad, fue revictimizada por personal del organismo, de quien incluso fueron objeto de burlas.
Asimismo, los dolientes señalaron que el ISSSTEP no ha dado la liquidación correspondiente por los 5 años de trabajo con dobles de turnos, que Gizéh prestó al organismo ya que únicamente les han ofrecido 18 mil pesos del millón 200 mil pesos que ellos piden.
En este sentido, a través de un comunicado y un primer pronunciamiento desde el día que sucedió el crimen, el instituto subrayó que lamenta la muerte de la excolaboradora por lo que se solidariza con la familia.
Además de negar categóricamente haber criminalizado a la fallecida, comentó que desde que se presentaron los hechos, el organismo se ha mantenido abierto al diálogo, siempre dentro del marco de la Ley y ante las autoridades competentes.
En el escrito además se destaca que, a la fecha, los beneficiarios han recibido el pago póstumo, tratando de la última quincena trabajada y monto del Seguro de vida contratado por el Instituto. A decir del ISSSTEP con lo anterior quedan cubiertas todas las prestaciones de acuerdo a la normatividad del instituto.
Asimismo, la dependencia refirió que únicamente se encuentra pendiente el cobro de $17 mil 835.05 pesos, cantidad que corresponde a prestaciones de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo por derechos adquiridos como trabajadora eventual y no tratarse de un riesgo de trabajo. El ISSSTEP aseguró que dicha suma se encuentra a disposición de los beneficiarios ante el instituto, para el momento en que lo soliciten ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Sobre este punto, aclaró que cuando el ISSSTEP intentó realizar el pago, los beneficiarios no accedieron a recibirlo.
Por otro lado, el organismo señaló que, para poder dictaminar la existencia de un riesgo de trabajo, este deberá ser determinado mediante un juicio ante la autoridad competente, en el cual se aportarán las pruebas y el Instituto acatará la resolución que se emita.
Finalmente, la dependencia aseveró que aun cuando han tenido diversas reuniones con los familiares de la víctima, hasta el momento no tienen conocimiento sobre algún procedimiento judicial o administrativo que sujete al organismo a realizar el pago de la cantidad que se está solicitando.
