El presunto pastor que obligaba a nueve mujeres, entre ellas tres menores de edad, a bañarse frente a él en un centro de regeneración para mujeres ubicado en los límites de los municipios de Palmar de Bravo y Tlacotepec de Benito Juárez, fueron vinculados a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad y trata de personas, dio a conocer el Tribunal Superior de Justicia.
La fuente consultada agregó que los imputados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Como este medio lo dio a conocer en su momento, el hombre, identificado por las autoridades ministeriales como Rubén N, de 39 años, tenía sometidas a las víctimas en un centro de regeneración con razón social “A.Dulam”. En dicho lugar, eran obligadas a realizar trabajos domésticos desde las 3 de la madrugada, los cuales consistían, entre otros, en lavar la ropa de todos los internos, barrer el inmueble e incluso limpiar los vehículos del presunto pastor.
Dicha fuente agregó que las mujeres, originarias de los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, fueron rescatadas el sábado 20 de enero sobre la autopista México-Orizaba, a la altura del municipio de Amozoc, cuando eran trasladadas a bordo de una camioneta, aparentemente a dicho centro de regeneración cuyo nombre, “A.Dulam”, proviene del idioma hebreo “Adullâm”, que significa refugio o lugar de reposo.
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Margarita Garcidueñas Cuellar, fiscal especializada en violencia de género, en rueda de prensa, informó que las personas aseguradas, entre ellas un sujeto al que las víctimas llamaban “pastor” se encontraban bajo la medida cautelar de prisión preventiva, acusadas de los delitos de privación ilegal de la libertad y trata de personas.
La funcionara recordó que el 20 de enero, la Fiscalía de Puebla inició una investigación por la puesta a disposición de siete personas detenidas en flagrancia por elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal.
Abundó que de acuerdo al informe de los uniformados, las mujeres fueron rescatadas en inmediaciones de una gasolinería ubicada sobre la autopista México-Orizaba, a la altura del kilómetro 144, pues presuntamente las mantenían privadas de su libertad.
La Fiscalía, detalló Garcidueñas Cuellar, inició investigación con enfoque de perspectiva de género realizando diversas diligencias, entre las cuales están entrevista a los uniformados y a las 9 mujeres, entre ellas tres menores: una de 17 años y dos de 14; dictamen médico que arrojó que seis de ellas presentan moretones en brazos y manos; además de un dictamen en criminología del cual se desprendió que fueron víctimas de privación ilegal de la libertad y de trabajos forzados.
También, agregó, búsqueda de información respecto de la existencia de un centro de regeneración denominado “A.Dulam”; inspección a dicho lugar establecido en los límites de los municipios de Palmar de Bravo y Tlacotepec de Benito Juárez e inspección de los vehículos en los que eran trasladadas las mujeres al momento de ser descubiertas por los elementos policiales; tratándose de una camioneta Chevrolet tipo Suburban, negra, 2007; una Chrysler tipo Town&Country, roja y una Nissan de color blanco, todas con placas del Estado de México.
Con las indagatorias, la institución logró acreditar que dicho día, los detenidos trasladaban privadas de su libertad a las víctimas en la camioneta Suburban y eran custodiados por personas a bordo de los otros dos vehículos.
Una de las mujeres, al ver pasar una patrulla de la Guardia Nacional, hizo señas con las manos pidiendo auxilio, por lo que los uniformados interceptaron a las tres camionetas. Fue entonces que las mujeres refirieron que eran trasladadas en contra de su voluntad a un anexo donde las obligaban a levantarse de madrugada y realizar trabajos, castigándolas sin comer y encerrándolas en un área que denominan “La Enfermería”, donde les daban alimentos en mal estado.
Señalaron que únicamente tenían derecho a bañarse una vez a la semana, frente a su “pastor” y les prohibían tener contacto con sus familiares.
La fiscal señaló que el 22 de enero, en el desahogo de la audiencia inicial, la Fiscalía logró que se calificara de legal la detención de quienes están identificados como Carlos Adán, de 27 años; Fermín, de 46 años; Ismael, de 27; Alejandro, de 31; Rubén, de 39 años e identificado como el “pastor”; Josefa, de 50 años; y Adriana, de 23 años.
La Fiscalía de Puebla formuló imputación exponiendo datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad y trata de personas, pero la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que se resuelva su situación jurídica, por lo que mientras la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.
Fue así que la tarde del pasado viernes se llevó a cabo la audiencia en la que el juez de control resolvió vincular a proceso a los siete detenidos por los delitos de privación Ilegal de la libertad y trata de personas en su modalidad de trabajos forzados, además de fijar dos meses para la investigación complementaria.