A un año de que el dueño de una cantera de piedra que se localiza sobre la carretera a Santa Cruz Alpuyeca, en la zona de San Salvador Chachapa, Amozoc de Mota, acusara la invasión de su propiedad por parte de sujetos que supuestamente trabajan bajo las órdenes de un personaje político conocido en la región, el afectado tuvo que donar una parte de su lote al Ayuntamiento para así darle fin al problema, de tal forma que esas tierras ya fueron ofrecidas a la Sedena para proyectos de la Guardia Nacional (GN).
El agraviado, José Pablo N, dijo en entrevista para El Sol de Puebla que el acusado, un exdiputado local, realizó acciones violentas y por ello mismo ya no pudo ratificar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Puebla.
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“El exdiputado hizo algunas acciones violentas para tratar de quedarse con la propiedad, la denuncia que presentamos ni siquiera la pudimos ratificar, porque se negó el agente del Ministerio Público bajo la presión del entonces diputado Miguel”.
“Lo que hicimos ya desesperados por tanta amenaza y ratería del señor, es que donamos al Ayuntamiento de Amozoc gran parte del terreno y este a su vez donó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que coloquen una base de la Guardia Nacional”, explicó el entrevistado.
Fue así como tuvo que renunciar a 31 hectáreas que incluyen las 20 de la mina que tendría invadidas el personaje político.
“Convenimos con el Ayuntamiento que para evitarnos problemas y evitar un movimiento social, ya que la gente es muy violenta, pues son 20 personas que se dicen ejidatarios, pero que en realidad están dirigidos por este Miguel, se donarán esas tierras. Hablé a Gobernación y me dijeron fuera porque nos van a reactivar la denuncia, ya que 30 hectáreas aún están en litigio”, explicó José Pablo.
Respecto a la donación, el declarante precisó que será en alrededor de quince días cuando haya una posición oficial de la Sedena, ya que el Ayuntamiento hizo el ofrecimiento, pero aún no se ha hecho oficial porque no se ha concluido con la documentación notarial respectiva.
Es así como se espera la oficialización de la donación a la Sedena y la reapertura de la carpeta de investigación para resolver sobre las 30 hectáreas restantes del predio que se localiza a menos de cinco minutos de distancia de la Academia de Desarrollo Policial Ignacio Zaragoza, donde se explota piedra para construcción.
Así inicio el conflicto para José Pablo
Hace un año, José Pablo contó que desde 1980, él es propietario del citado terreno que antiguamente pertenecía a la exhacienda de San Sebastián Tuxpan, sin embargo, lo adquirió tras celebrar un contrato de compra-venta con los señores de apellidos Boñalos y cuyo acuerdo incluso está en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, de tal forma que desde ese año ha sido reconocido legalmente como dueño del lugar, del cual, incluso paga predial y cuyas copias de los recibos fueron proporcionados a este medio.
Sin embargo, debido a que no había podido cercar su propiedad, señaló que desde hace aproximadamente diez años y de forma intermitente, sujetos enviados por un hombre identificado como Miguel N, invadieron el terreno para explotarlo, incluso en 2021, de manera consecutiva, al grado de que en el lugar fue construido un cuarto de block y permanece estacionada una retroexcavadora.
"Entre el comisariado ejidal de San Pedro Mendizábal y el señor Miguel han estado robando material de mi propiedad; van y vienen, un año y otro; yo les he reclamado y siempre me han amenazado hasta de muerte, la última semana tuve que hacer una demanda ante la Fiscalía General del Estado, porque les reclamé que sacaran sus vehículos y la maquinaria con la que están trabajando y salieron con unos machetes y nos amenazaron de muerte, que nos fuéramos o nos iban a romper la ma...", denunció en aquel momento José Pablo quien aseguró que Miguel se sentía poderoso, ya que contaba con un cargo político importante e incluso lo amenazó de muerte, por lo que acudió a denunciar el despojo sin que alguna autoridad interviniera.
