Una mujer está siendo obligada a pagar 55 mil 500 pesos para recuperar su camioneta que fue ingresada a un corralón del municipio de Tepeaca por un error de la policía que la boletinó como vehículo robado, pese a que la Fiscalía de Puebla ya emitió un documento que la exime del pago de arrastre y derecho de piso.
De esta forma es como otra persona es víctima de los abusos que constantemente se denuncian en contra de los corralones y grúas que operan en el estado de Puebla.
De acuerdo con la información proporcionada por la asesora jurídica de la víctima de nombre Miriam, con residencia en la Ciudad de México, en marzo de 2022, su clienta llegó de visita al municipio de Tepeaca, donde policías locales a bordo de la patrulla 09 la pararon y le aseguraron su camioneta Toyota Avanza XLE color gris metálico, ya que supuestamente había sido reportada como robada.
Ante los hechos, según la representante legal de la agraviada, por orden el Ministerio Público la unidad fue remitida al servicio de corralón y grúas “ Premium” ubicado en calle 3 Sur, número 104 B, de colonia Centro en Tepeaca.
Tras el embrollo, la afectada y dueña de la camioneta decidió acudir ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), donde supo que el reporte de robo se había iniciado en el estado de Hidalgo y al hacer las revisiones correspondientes llegaron a la conclusión de que todo se trataba de una equivocación derivado de un error de la plataforma Repuve en la captura de las placas con reporte de robo.
Por ello y para aclarar el tema, el agente del Ministerio Público de Tepeaca inició la carpeta de investigación número 563/2022, la cual fue remitida a la capital poblana.
En junio de 2022 se ordenó la liberación del vehículo en referencia, pero una vez que la agraviada buscó a una asesora jurídica, el 7 de octubre se generó un nuevo oficio en el que la FGE ya ordenaba al citado corralón entregar la camioneta Toyota debiendo condonarse el cien por ciento del cobro de arrastre y de derecho de piso.
Se niegan a entregar desglose de cobro
Sin embargo, a decir de la apoderada legal de la víctima, en el corralón les indicaron que había un adeudo de 55 mil 500 pesos; tras el excesivo cobro, la prepotencia y abuso tanto de los encargados como del dueño del corralón que incluso, señaló, se negaron a entregar un desglose de los conceptos del cobro hasta que se cubriera la cuota, la abogada decidió acudir a un martes ciudadano para pedir la ayuda del gobernador.
Fue así como su caso fue enviado a la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado de Puebla (Semovi), a cargo de María Elsa Bracamonte González, donde a pesar de que el 1 de diciembre sellaron un escrito a mano como acuse de recibido, a la fecha no han solucionado nada bajo el argumento de que el asunto se encuentra en el área de jurídico e incluso, a la fecha, la unidad de la víctima sigue apareciendo con reporte de robo.
En tanto, según la litigante entrevistada por este medio, el dueño del corralón se ha negado a darles una cita para tratar de hacer una negociación, no obstante, la abogada remarcó qué tal y como lo marca la ley, a toda víctima de un delito no se le cobrará el arrastre ni el derecho de piso.
- También puedes leer: Asesina a su pareja sentimental en defensa propia, asegura la mujer
Incluso, el pasado 14 de noviembre, El Sol de Puebla dio a conocer que corralones y grúas que realizan cobros, incluso excesivos, por arrastre de vehículos a personas que son víctimas del delito o de un error administrativo, incurren en violaciones a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigente, la cual no solo exonera del pago total de los citados servicios a dichos agraviados, sino también establece tarifas máximas que no se cumplen, según los testimonios de algunos afectados.
La Fracción IV del Artículo 99 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, a las la letra dice: “la reducción en el pago de estas contribuciones será del 100 por ciento en el supuesto de que el propietario o poseedor del vehículo de que se trate, además de reunir los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, tenga el carácter de ofendido, o de víctima directa o indirecta en la comisión del delito; o sea sujeto de error administrativo o puramente formal imputable a alguna autoridad”.
Por ello, la agravada por medio de su abogada solicita nuevamente la intervención de las autoridades poblanas para que no se sigan cometiendo abusos y se siga dañando la economía así como el patrimonio de personas Inocentes que caen en las redes de gruyeros y dueños de corralones.
