Cada semana, al menos 26 personas son víctima de robo de autopartes en el estado de Puebla, entidad donde el delito creció 32 por ciento entre el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior al pasar de 515 a 678 casos. Daniel es uno de los tantos agraviados por este ilícito, narra cómo ubicó en la avenida 46 Poniente, los neumáticos que le fueron hurtados, así como el tiempo y el dinero que invirtió para poder recuperar las autopartes sustraídas a su vehículo.
Ante este tipo de situaciones, Francisco de Jesús Rivera Ramos, especialista en Derecho, consideró que las penas para quien comete esta violación a la ley deben aumentarse, pues actualmente van de los 6 meses hasta los 8 años de prisión, y a veces puede aumentar hasta la mitad de la pena, además de que al ser considerado un delito no grave, no es obligatoria la prisión preventiva y se permite un acuerdo reparatorio.
Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las víctimas no se atreven a denunciar porque son tratadas como delincuentes, mientras que los acusados gozan de diversos privilegios, acotó el abogado litigante.
Sobre las cifras del robo de autopartes, el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) respecto a la Incidencia Delictiva hasta el corte del 20 de julio, indica de enero a junio de 2023, en Puebla, se denunciaron un total de 678 robos de autopartes; en enero 99, febrero 109, marzo 100, abril 127, mayo 114, y junio 129.
En contraste, de enero a junio de 2022, las agencias del Ministerio Público radicaron 515 denuncias por el delito antes ya referido. De esta forma se tiene que entre un periodo y otro, la variación es de 172 hechos que se traduce en el incremento del 32 por ciento, por lo que a la semana, 26 personas que fueron víctimas de este delito acudieron a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
Visitaba a su madre en El Capulín, le roban los neumáticos y los ubica en la 46
David, de 37 años de edad, además de ser contador público, se dedica a la compra- venta de vehículos; hace algunos meses contaba con un automóvil Mitsubishi, modelo 2012, tipo deportivo.
Luego de haber ido a visitar a su madre en la colonia El Capulín, y como en otras ocasiones, dejar su vehículo estacionado afuera del domicilio, el declarante fue alertado del robo de dos de los neumáticos de su unidad, la cual, incluso, ya tenía comprometida para su venta.
El hombre narra que mientras platicaba con su madre, uno de sus hermanos llegó a la vivienda y empezó a tocar el claxon de manera desesperada, pues se dio cuenta que al automóvil Mitsubishi le faltaban la llanta delantera y trasera de lado del copiloto.
“Dejé el carro afuera de la casa de mi madre, siempre lo he hecho pues se supone que es una calle muy tranquila; yo llegué a las 4 de la tarde, pero a las 7 de la noche uno de mis hermanos llegó a la casa y tocó desesperado, le abrí el portón y es cuando me dijo que a mi carro ya le habían quitado la llanta delantera y trasera de lado del copiloto; se trata de llantas y rines muy caros”, expresó la víctima.
Ante la falta de credibilidad en las autoridades, lo engorroso de los trámites para interponer una denuncia y la poca esperanza de que el responsable fuera detenido, procesado y castigado, decidió no invertir tiempo en lo anterior.
Fue así como el agraviado inició con la búsqueda de neumáticos de mediana vida y reparar su automóvil; después de una intensa búsqueda y con el temor de ser víctima de otro delito, el entrevistado optó por acudir a la avenida 46 Poniente en compañía de otra persona.
Ahí, en la zona conocida por la venta de autopartes, presuntamente robadas, el varón preguntó por dos llantas y rines deportivos, de tal forma que acabó haciendo contacto con un hombre que le ofreció “checarlas” y al otro día resolverle.
Al día posterior David regresó y el sujeto con el que hizo contacto le “consiguió” los dos neumáticos así como los rines por 6 mil pesos, ya que nuevas tienen un costo en el mercado de 12 mil pesos cada una, indicó el declarante.
Tras revisar las llantas y los rines, por algunos detalles, se dio cuenta que se trataba de los mismos de su vehículo, sin embargo, prefirió no denunciar, reparar el vehículo y cumplir con la compra- venta para recuperar lo que gastó en componerlo.
Y es que aunado a lo anterior, el afectado señala que muchas veces las víctimas son tratadas como delincuentes y los ladrones, tienen demasiadas consideraciones.
Penalidad por robo de autopartes
Francisco de Jesús Rivera Ramos, especialista en Derecho, consideró que se necesita una reforma en el Código Penal del estado de Puebla a fin de que se castigue con más severidad el delito de robo de autopartes y con ello tratar de disminuir la incidencia.
El litigante aseguró vía telefónica, que desafortunadamente en muchas o en la mayoría de las ocasiones, los imputados son los privilegiados y por ello mismo la gente prefiere no denunciar.
Para recuperar sus autopartes, los afectados deben mostrar las facturas respectivas, y cuando se trata de autopartes, señala el abogado, la gente no suele guardar esos documentos después de cierto tiempo, ante lo cual se complica el proceso de recuperación de lo que les fue robado.
Lo anterior, dice, se suma a que dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el robo de autopartes no es un delito grave, por lo que se permite una reparación del daño ante la Unidad de Medios Alternativos de Solución de la Fiscalía del Estado para evitar llegar ante un juez, y la prisión preventiva no es necesaria.
Además de que las penalidades van de los 6 meses hasta los 8 años de prisión, y en ciertas situaciones el castigo puede aumentar hasta la mitad de la pena.
En este sentido, el Artículo 374 del Código Penal del estado de Puebla, señala que el delito de robo se sancionará en los siguientes términos: Cuando el valor de lo robado sea menor a las 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización o días de salario mínimo), se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de 100 a 200 UMAS. Tomando en cuenta que 1 UMA en este año equivale a 207.44 pesos.
En tanto, cuando el valor de lo robado corresponda a más de 30 UMAS y menos de 100, la pena va de uno a tres años de prisión y multa de 150 a 300 UMAS.
Cuando el costo de lo hurtado sea mayor a 100 UMAS y menor a 300, el castigo es de dos a cuatro años de prisión y multa de 50 a 200 UMAS.
Finalmente, si el valor de lo robado sobrepasa los 300 UMAS, se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de 50 a 400 UMAS, entre otros supuestos que no aplican en este caso.
No obstante, el Artículo 380 del Código antes referido, en su fracción XIX, indica que cuando se cometa el robo de una o más, de las partes que conforman un vehículo automotor o de la mercancía transportada a bordo de aquél, la penalidad del delito de robo se agrava aumentando hasta en una mitad.
En 2018 la SSPyTM expuso su idea de aumentar sanciones
Por último, es de recordar que el 19 de abril de 2018, Manuel Alonso García, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), expuso que el Ayuntamiento de Puebla analizaba proponer al Congreso local elevar a delito grave el robo de autopartes como estrategia para evitar que los ladrones salieran rápidamente de prisión en caso que el afectado accediera a la reparación del daño.
El funcionario, desde aquel momento también se quejó de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no consideraba como delito grave el robo de autopartes, lo que facilitaba la salida de los ladrones por las medidas alternas de mediación, donde el afectado otorga el perdón a cambio de recuperar las partes sustraídas de su vehículo.
El tema, dijo aquel día, fue abordado en la comisión de Seguridad Pública dando a conocer el funcionario que el Ayuntamiento analizaba pedir al Poder Legislativo modificaciones a la ley para impedir ese beneficio.
“Al no ser una comisión con violencia le establece esas garantías al probable responsable llegar a un tema de mediación, pero también es una garantía de la víctima y lamentablemente en su mayoría prefieren les regresen o les paguen sus pertenencias, en lugar de seguir un proceso judicial en contra de esas personas”, expuso.
Para concluir, Manuel Alonso García declaró aquel día que el tema estaba en proceso de análisis jurídico para que se viera la manera de cerrar las puertas de este beneficio, aunque no existía fecha tentativa para aterrizarlo.
