"Sólo cumplimos con los protocolos que nuestra instructora (ahora secretaria de Seguridad Pública Municipal) Lourdes Rosales nos enseñó en la academia y por ello ahora estamos en la cárcel”, se quejaron los siete elementos del desaparecido Grupo de Atención y Reacción Estratégica Policial (GAREP), internados en el penal de San Miguel, acusados de abuso de autoridad, robo y lesiones contra dos ciudadanos.
Los oficiales, que actualmente se encuentran con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en entrevista con este medio, piden ser liberados, pues aseguran ser inocentes y solo haber cumplido con su trabajo en beneficio de la sociedad.
“Nos encontramos decepcionados de que nos trataron de lo peor, pero tenemos fe en Dios y confianza de que las autoridades analicen nuevamente y a profundidad nuestro caso, para que nos juzguen de una manera diferente y reconsideren la forma de llevar nuestro proceso, queremos hacerlo fuera de aquí, donde realmente hay delincuentes que hasta nosotros mismos pudimos haber capturado…”, resaltaron.
Los uniformados aseguraron que todos por obligación aprobaron el examen de control de confianza y dos de ellos, de 19 y 20 años, apenas tenían seis meses de haber ingresado a las filas policíacas, orgullosos de cumplir con su lema de “servir y proteger a la sociedad”.
El resto de los uniformados tiene 24, 25 y 32 años de edad, este último con mayor experiencia, dice que desde su juventud entró a la Policía por convicción y a lo largo de 10 años, logró importantes aprehensiones, decomisos de armas, drogas y aseguramiento de peligrosos delincuentes, que lejos de ganarse enemigos y amenazas incluso de muerte, lo llevó a ser nombrado el mejor policía del año en el 2018.
“Es increíble que por detener a personas con un negro historial delictivo, ahora nosotros estemos detenidos, pero lo peor de todo es que no recibimos ningún respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, cuando la misma titular, María Lourdes Rosales, en su tiempo de directora de la Academia de Policía, ella misma nos capacitó para aplicar los protocolos que empleamos en diciembre para detener a dos personas en La Ciénega…, como el grupo especial para lo que nos prepararon”.
Los inculpados aseguran que existen documentos en los que se descarta que los detenidos hayan sufrido lesiones; además de reporte de los hechos, como siempre lo hacían para todos sus servicios.
“Realmente lo que ocurrió el 5 de diciembre del año pasado, fue que policías del Sector 1, hombre y mujer, acudieron a un auxilio por personas fumando marihuana dentro de un automóvil March, negro; al llegar los dos efectivos, fueron recibidos de manera agresiva por los seis ocupantes del carro, entre ellos, José Luis, su esposa Silvia y su hijo Angel Luis”.
Según el entrevistado, todos se opusieron a una revisión de rutina y comenzaron a empujar a los dos policías para obligarlos a marcharse, por lo que los uniformados solicitaron apoyo y nadie de su sector les hizo caso. Fue por eso que los integrantes del GAREP, sabedores de que la situación estaba saliéndose de control, intervinieron.
Agregó que al llegar a lugar, uno de ellos fue recibido con dos puñetazos por parte de Angel Luis, por lo que lo aseguraron y subieron a la batea de su patrulla, bajo el delito de resistencia de particulares; ante eso, el padre del joven, José Luis, también agredió a los uniformados, pero solo se le detuvo por alterar el orden en la vía pública. Ambos detenidos fueron llevados al Juez Calificador donde horas después lograron su liberación.
“Aunque recibimos amenazas de que no sabíamos con quién nos habíamos metido, pues ellos tenían influencias en la Fiscalía y el gobierno municipal y estatal; nosotros sabíamos que habíamos hecho bien nuestro trabajo y seguimos laborando de manera normal”, relataron.
“Nunca esperamos que el día 21 nos llamaran a Rancho Colorado y nos extrañó que lo primero que hicieron fueron quitarnos nuestras armas, pues como grupo especial nunca lo hacían… después nos llamaron por nuestro nombre, nos mostraron nuestra fotografía y personal de la Fiscalía nos colocó esposas para llevarnos detenidos a su dependencia, sin decirnos causa o palabra alguna”.
“Así nos mantuvieron incomunicados hasta que nos llevaron a audiencia inicial, donde llegaron nuestros familiares, luego de andar buscando por varios lados y nadie les diera razón de nosotros; solo porque unos compañeros nos vieron que nos llevaban detenidos, pudieron enterarse que nos habían llevado a Casa de Justicia, en la audiencia, fue donde por fin el juez permitió hablar con nosotros..” detallaron.
VIVEN CON MIEDO EN EL PENAL
“Después de entregar nuestra vida por el trabajo, arriesgarnos a todo tipo de peligros; terminamos tratados como delincuentes; queremos salir libres, porque no somos gente mala, tenemos familia, y cumplimos con nuestra labor porque esa es nuestra convicción”, agregaron.
Uno de los oficiales reveló que viven con miedo, pues desde que llegaron al penal de San Miguel, los internos, acusados de diversos delitos, ya sabían sus identidades, su trabajo y más detalles de ellos. “Lo que hicieron fue acabar con nosotros, acá vivimos con miedo, estamos rodeados de verdaderos delincuentes; debieron habernos investigado primero y no actuar en nuestra contra, cuando sentimos que solo hicimos nuestro trabajo”, aseguran.
“Queremos estar libres, somos inocentes, pedimos a las autoridades ministeriales y judiciales que analicen a profundidad nuestro caso y permitan llevar nuestro proceso afuera de esta prisión, y cuando llegue el momento de una resolución, sean los más justos y apegados a derecho”, finalizaron.
