Óscar Chapa Palomeque, exoficial Mayor de la SEP, continuará en prisión luego de que en audiencia una juez de control lo vinculara a proceso por delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y uso ilícito de atribuciones y facultades, tras el sobreprecio de los uniformes gratuitos que se entregaron en el primer semestre del año pasado.

Fuentes extraoficiales dieron a conocer que incluso los representantes legales de Óscar intentaron conseguir la libertad de su cliente al solicitar a la juez de la causa una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, es decir, que pidieron arraigo domiciliario con un brazalete que incluso el imputado pagaría, sin embargo, la jurista no concedió dicha petición.

Por lo anterior, la togada ordenó el traslado del acusado al penal de San Miguel, donde deberá continuar mientras se resuelve su situación jurídica.

En este sentido, en audiencia se otorgó plazo de cuatro meses para investigación complementaria, tiempo en el que las partes podrán integrar diversas pruebas a favor o en contra del asegurado.

Como en su momento se dio a conocer, fue la madrugada del 1 de julio cuando agentes ministeriales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ubicaron y detuvieron al exoficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, luego de que sobre él pesara una orden de arresto.

Tras su captura, el exfuncionario fue llevado ante el agente del Ministerio Público, autoridad que inmediatamente envío al acusado ante una juez de control.

En una primera audiencia, al asegurado se le imputó cargos por los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y uso ilícito de atribuciones y facultades, además de que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, Óscar solicitó a través de su defensa la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que en otro acto jurídico se decidiera si quedaría o no vinculado a proceso.

Al vencerse el plazo, el detenido quedó sujeto a investigación por la entrega de uniformes y zapatos escolares defectuosos y con un sobrecosto de 30 millones de pesos en la manufactura.