En las últimas horas, Gabriela N y José Benito N, líder de la banda “Los Tarzanes”, presuntamente responsable de la fuga de gas LP en Villa Frontera el pasado 12 de septiembre, fueron vinculados a proceso por una jueza de control del ámbito federal, por delitos en materia de hidrocarburos.
Aunque las autoridades estatales en su momento informaron que estos dos sujetos serían investigados por privación ilegal de la libertad, no pudieron acreditarles el ilícito por lo que tuvieron que dejarlos ir para que finalmente fueran reaprehendidos pero por la Procuraduría General de la República (PGR).
Cabe recordar que fue el 19 de septiembre cuando el líder de dicha banda delictiva y otra mujer, fueron asegurados en lateral de la autopista Puebla-Orizaba, cerca de la Central de Abasto.
Tras ser acusados inicialmente de privación ilegal de la libertad y daños en propiedad ajena cometidos en agravio de elementos de la Policía Estatal, estuvieron retenidos por el agente del Ministerio Público, quien al final, no tuvo los elementos suficientes para procesarlos, de tal forma que la tarde del 21 de septiembre, no tuvo más opción que dejarlos en libertad. No obstante, antes de que pudieran retirarse del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5) en el Periférico Ecológico, policías federales de investigación cumplimentaron la orden de aprehensión existente en contra de estos dos personajes.
Lo anterior, por cargos relacionados a la toma clandestina que derivó en una fuga de gas LP que alertó y puso en riesgo a vecinos de la unidad habitacional de Villa Frontera y ocho colonias más, incluso escuelas y hospitales.
En audiencia y de acuerdo con los datos que obran en la carpeta de investigación federal, el día de la fuga de gas, testigos observaron que en Camino a Tlaltepango y la 104 Poniente, cuatro hombres realizaban maniobras en torno a una pipa, mientras que a lo lejos, dos personas los dirigían, tratándose de Gabriela y José Benito.
Horas después, según los testimonios, se escuchó un estruendo mientras que los presuntos responsables sacaban del lugar la pipa de gas para luego huir.
Tras la obtención de dichos testimonios contra quienes se identificaron como líderes de una conocida organización o movimiento social, es como la PGR pudo llevar ante los tribunales federales a los hoy imputados, quienes dijeron contar con su domicilio cerca del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep).
Luego de que fueran vinculados a proceso y no pudieran acreditar arraigo domiciliario, el agente del Ministerio Público también solicitó a la juez de la causa, que a los detenidos - a quienes también se les señala de extorsionadores por algunos vecinos de Villa Frontera- se les impusiera la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, de tal forma que fueron trasladados al penal de San Miguel.
Finalmente, la jurista concedió un plazo de tres meses de investigación complementaria, para que ambas partes aporten pruebas, tales como la cantidad precisa del daño ocasionado a los ductos de Pemex, que de manera inicial en un informe presentado ante la jurista federal, asciende a los 132 mil pesos.
