Oaxaca.- La presidenta del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, ordenó llevar a cabo un investigación en contra del juez que absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal y otros dos involucrados en el intento de feminicidio de la saxofonista María Elena Ríos.
Ramírez Jiménez intruyó a la Visitaduría General de la institución la apertura de una investigación para fincar responsabilidades administrativas y penales en contra del juez penal del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, José Gabriel Ramírez Montaño, por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas.
Ante el sorpresivo fallo que dictó dentro del proceso por la presunta comisión de tentativa de feminicidio en contra de Juan Antonio Vera Carrizal con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la víctima María Elena Ríos, la magistrada presidenta refrendó su respeto a la independencia judicial.
La funcionaria puntualizó en un comunicado que en este, como en otros casos que involucren a mujeres que han sufrido distintas formas de violencia, no se puede permitir la impunidad ni actuaciones que pongan en duda el desempeño ético de las y los juzgadores.
Reiteró que en las diferentes etapas del proceso, el Poder Judicial del Estado actuó conforme a derecho y respeto al debido proceso, atendiendo la perspectiva de género, además de que fueron escuchadas cada una de las partes, por lo cual se realizará un escrutinio profundo sobre la conducta del juez.
“No estoy de acuerdo con el fallo, soy una mujer institucional que respeta la autonomía judicial; sin embargo, se investigará a fondo la conducta dudosa de los involucrados y se les castigará con todo el peso de la ley caiga quien caiga”, enfatizó la titular del Poder Judicial de Oaxaca.
El juez José Gabriel Ramírez Montaño ordenó este 14 de agosto la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal y los dos autores materiales del ataque con ácido en contra de María Elena Ríos.
El juzgador consideró que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar la culpabilidad de los acusados, por lo que ordenó su inmediata libertad.