Monterrey. El Congreso de Nuevo León aprobó cuatro finalistas aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuya lista de nombres será enviada al gobernador Samuel García, quien tendrá un plazo de cinco días para regresar una terna al Poder Legislativo a fin de que determine quién asumirá el cargo que ocupa actualmente Pedro Arce Jardón como encargado de la FGJE desde octubre del 2022, cuando renunció el entonces fiscal estatal Gustavo Adolfo Guerrero.
La lista que encabeza el propio Pedro Arce Jardón la conforman además Genaro García de la Garza, exsecretario de Ayuntamiento de Monterrey; Guadalupe Saldaña Vargas, extitular de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León; y Alberto Barrera Cantú, vicefiscal jurídico de la Fiscalía del estado.
Los tres primeros fueron propuestos en noviembre del 2022; sin embargo, se frenó la designación ante el enfrentamiento del gobernador Samual García con los diputados de oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) que son mayoría en el Congreso local y que originó una serie de acciones legales a las que acudieron ambas partes.
.jpg "Regidora de Monterrey, Ana Eugenia Rodríguez Valdez (7).jpg")
La Comisión Anticorrupción sesionó y tras tener la lista de los cuatro, de 21 nombres en total, la pasó al Pleno del Congreso de Nuevo León donde se aprobaron los nombres que se remitirán al gobernador del estado, quien tendrá cinco días para regresar una terna, de la cual el Poder Legislativo local deberá seleccionar al Fiscal que ocupará el cargo por seis años.
Una vez que el gobernador Samuel García remita la lista final de tres candidatos, se les citará a comparecer ante el Pleno y luego se elegirá al nuevo fiscal.
Los diputados avanzaron en la designación de cuatro aspirantes a fiscal de Nuevo León, ante la negativa del gobierno estatal de entregar las cartas de no antecedentes penales a los aspirantes, por lo que la Comisión Anticorrupción aprobó, además, un dictamen al respecto.
"Esta Comisión ha cumplido con procurar el respeto de los derechos de todos los aspirantes y, a la par, garantizar los principios rectores de un procedimiento de orden público como el que nos ocupa, de ahí que a la fecha se cuente con plenas condiciones para considerar integrados los expedientes de las personas que han cumplido con los requisitos previstos en la Convocatoria y, en consecuencia, se pueda emitir la propuesta final de aspirantes", se establece en el dictamen aprobado.
Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista, adelantó que la próxima semana, ante la nueva negativa de la Agencia de Administración Penitenciaria de entregar las cartas de no antecedentes penales a los aspirantes a Fiscal General de Justicia de Nuevo León, promoverá denuncias contra su titular y hasta contra el Secretario de Seguridad estatal por abuso de poder.
Las denuncias serán contra el Comisario General de la Agencia, César Daniel Ramírez Acevedo, y el Secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, y espera se sume la bancada del PRI.
"No expedir estos documentos es parte de una estrategia del Ejecutivo estatal para que el Congreso no pueda avanzar en el proceso de selección del fiscal", acusó el coordinador del PAN.
"El Ejecutivo (estatal), a través de estas dos dependencias, no está dejando la libertad del trabajo del Poder Legislativo y es una situación grave, porque la Corte manifestó que no puede haber una subordinación de un Poder ante otro, y eso es lo que está buscando el Ejecutivo", señaló Carlos de la Fuente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en febrero una controversia que frenaba el proceso de selección del Fiscal de Nuevo León, que se reanudó el 31 de julio, con la petición a la Agencia de entregar la carta a todos los inscritos, lo que no ocurrió.
A su vez, Sandra Pámanes, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), respaldó la postura de la Agencia y acusó a las bancadas del PRI y PAN de buscar entrampar aún más la elección del Fiscal.
"Lo que están haciendo el PAN y el PRI, a través de la Comisión Anticorrupción, es entrampar más el proceso, darle largas, leen de una manera equivocada la orden de la Corte en relación a este tema", indicó Sandra Pámanes.
La postura del gobierno estatal la dio César Daniel Ramírez Acevedo, Comisario General de la Agencia, quien entregó un escrito en el Congreso en el que la Secretaría General de Gobierno informa que no puede otorgar las cartas, porque hay un "impedimento técnico", pues el 2 de julio se promovió ante la presidencia de la Suprema Corte una queja "por exceso en el cumplimiento de la sentencia", por parte del Congreso local y al no estar resuelta, no puede cumplirse el requerimiento del Legislativo.
