TUXTLA GUTIÉRREZ. La expedición de facturas ilegales para el trasporte de madera, exceso de burocratismo para obtener los permisos y las autorizaciones sin supervisión de las autoridades federales y estatales han provocado que en Chiapas el 90 por ciento de la madera sea de procedencia ilegal, denunció René Gómez Orantes, de la organización Bosque y Gobernanza AC.
Acusó que el exgobernador Manuel Velasco Coello se opuso y bloqueó la estrategia para frenar la tala y dio instrucciones a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que no se diera estos operativos, sabiendo que el 90 por ciento de la madera es Ilegal, “mientras el gobierno no le entre, no podemos entrar, fue el argumento de las autoridades federales”.
Pidió reforzar campaña de denuncia sobre la tala ilegal y llegar a las madererías para saber el origen de ésta, además de los operativos, “eso sería más eficiente para evitar la tala y el transporte ilegal”. Gómez Orantes destacó el señalamiento que hizo María del Rosario Bonifaz Alfonso, secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del estado de Chiapas (Semahn) que “desde 2011 no existe un convenio de colaboración en materia de recursos naturales entre la Profepa y la Semahn para la inspección y vigilancia forestal, actualmente está en proceso este convenio con las autoridades estatales como son la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana , Procuraduría Ambiental y Fiscalía General del estado a través de su Fiscalía Ambiental.
Actualmente, en el Consejo Estatal Forestal del Estado de Chiapas se sabe que entre 1984 y 2017, en 33 años se perdieron un millón 418 mil 794 hectáreas, y tan sólo de 2002 a 2014 se han perdido 230 mil 185 hectáreas de bosques forestales.
Las causas con mayor incidencia son tenencia de la tierra, falta e insuficiencia de programas sociales y productivos, disminución de empresas forestales legales esto debido al aumento del tráfico ilegal de madera, la alta burocracia en los trámites legales que provocan falta de interés en continuar en la legalidad.
Esta deforestación sin legalidad provoca y tiene efectos en los servicios ecosistémicos, de ríos, biodiversidad, paisaje y patrimonio forestal.
A pesar de que Chiapas tiene vocación para la silvicultura, no sólo ganadería ni la agricultura, la recuperación económica en el estado estaría en el tema forestal, para ello deben voltear a la reactivación económica post Covid, esto sería a través de las empresas forestales comunitarias, apoyadas por dependencias del gobierno.
Desde 2012 no se realizaba vigilancia en varios tramos carreteros; de octubre de a la fecha se han realizado 23 operativos en los que se aseguraron 20 metros cúbicos de madera de pino, se aseguraron tresvehículos, hay dos detenidos y siete solicitudes para dictámenes.
Hace unos días se llevó a cabo el foro virtual hacia la sexta sesión del Congreso Estatal Manejo Forestal y Desarrollo Rural ante el Cambio Climático, realizado por la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, donde se concluyó que la expedición de facturas ilegales para el trasporte de madera, exceso de burocratismo para obtener los permisos y las autorizaciones sin supervisión de autoridades federales y estatales han sido la principal causa de la tala ilegal en Chiapas.
En ese evento participaron Leo Jorge Castaños Martínez, director general de la Comisión Nacional Forestal, y Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradora Federal de Protección al Ambiente.
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