Al menos ocho niñas y niños y adolescentes fueron asesinados en el contexto del pasado proceso electoral en Chiapas, en donde ocho aspirantes a un cargo de elección popular en la entidad perdieron la vida.
En un recuento de la violencia política criminal que se registró en el estado que gobierna el morenista Rutilio Escandón Cárdenas, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) también contabilizó un total de 29 ataques en contra de candidatos, donde además tres niñas, niños y adolescentes resultaron heridos.
El organismo de la sociedad civil señaló que, por ejemplo, previo al inicio de las campañas en el estado, la candidata del Partido Popular Chiapaneco (PPCH) a la alcaldía de La Concordia, Lucero López Maza, fue asesinada por un comando armado el 16 de mayo. En el ataque dos adolescentes de 15 y 17 años fueron asesinados junto con seis personas más.
Tres días después, el 19 de mayo durante un atentado contra la candidata de Morena a la presidencia municipal de Rincón Chamula, María de la Luz Hernández, una menor de edad fue lesionada por una bala.
En Pantelhó, el día 26 de mayo, un adolescente fue asesinado durante un enfrentamiento entre grupos criminales y se suspendieron las elecciones al no haber condiciones de seguridad necesarias.
La REDIAS destacó que también en el municipio de Simojovel, el 28 de mayo, durante enfrentamientos entre grupos armados, una niña fue herida de bala en su domicilio.
El reciente periodo electoral fue uno de los más violentos en la historia de Chiapas. Dicho proceso se realizó en medio de amenazas, atentados, secuestros, desapariciones y asesinatos contra personas candidatas, equipos de campaña, funcionarios públicos y población en generalexpuso la organización civil.
Dos días después de los comicios del 2 de junio, donde en Chiapas ganó la elección para la renovación de la gubernatura el candidato de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, “El Jaguar Negro”, en la comunidad de Yochib, municipio de Oxchuc, grupos armados incendiaron una vivienda de un hombre opositor a su proyecto político.
Como resultado -indicó la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas- “dos niñas de 7 y 9 años murieron a causa del fuego, mientras que una niña de 4 años resultó herida”.
Ese mismo día, en el ayuntamiento de Tila un grupo de personas armadas irrumpió en la cabecera realizando detonaciones de armas de fuego, quema de casas y vehículos, lo que ha orillado a desplazamientos forzados de la población, principalmente a refugios temporales o con familiares en Petalcingo, Yajalón, Salto de Agua o Tuxtla.
En comunicado del día 8 de junio, la Fiscalía General del Estado de Chiapas señala que las fuerzas de seguridad apoyaron el rescate de cuatro mil 187 personas que se encontraban escondidas en sus domicilios a raíz de los enfrentamientos y confirmaron la localización del cuerpo sin vida de un adolescente de 16 años, quien perdió la vida por herida de bala señala el organismo civil.
Ante este escenario de violencia política en la entidad, la REDIAS manifestó su preocupación por los conflictos entre grupos políticos y/o grupos armados que, dijo, “ponen en riesgo la vida de infancias y adolescencias”.
➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante
La organización de la sociedad civil destacó que estos hechos de violencia política se están dando, particularmente, en los municipios de Acapetahua, Berriozábal, Chicomuselo, La Concordia, Oxchuc, Pantelhó, Rincón Chamula, San Fernando, Simojovel y Tila.
La tensión y escalada de violencia armada por el control del poder político local -enfatizó- “pone en riesgo la vida de un aproximado de 200 mil niñas, niños y adolescentes en dichos municipios”.
Exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno el reconocimiento de la situación de violencia que se vive en la entidad y la aplicación de medidas para garantizar la protección integral de las infancias y adolescencias. Demandamos la atención inmediata a la crisis humanitaria que viven pobladores en Tila y Pantelhó; con énfasis a población de niñas, niños y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado recalcó el organismo de la sociedad civil.